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«Colombia le quita al Canal su mayor filial en Suramérica y le embarga 58 millones»: El Confidencial de Madrid

La Fiscalía General de Colombia ha anunciado este jueves que ha embargado las acciones que el Canal de Isabel II, a través de la sociedad Inassa, tiene en la Triple A de Barranquilla, la principal filial del Canal al otro lado del Atlántico.

Colombia le quita así el control de la Triple A a la empresa pública madrileña, que poseía hasta este mismo jueves el 85% de las acciones, valoradas en 202.000 millones de pesos colombianos (al cambio 58 millones de euros). Esta decisión va a obstaculizar gravemente el proceso de venta que ya ha iniciado la Comunidad de Madrid para deshacerse de todas sus compañías participadas en Suramérica.

Las acciones pasan ahora a estar bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del ministerio de Hacienda colombiano, que deberá coordinar con el portador del resto de las acciones, el Distrito de Barranquilla, una asamblea para reestructurar la junta directiva.

El Canal, a través de Canal Extensia, tiene el 82% de Inassa. Y a través de Inassa sigue controlando actualmente una decena de participadas, entre ellas la Triple A de Barranquilla, ‘la joya de la corona’ del conglomerado, de la que tenía el 85% de las acciones. «La Triple A fue saqueada desde el año 2.000», indicó en rueda de prensa el fiscal Néstor Martínez.

Hasta seis instituciones colombianas han puesto sus ojos en Inassa y han abierto investigaciones al margen de la que ya hay en España por la Audiencia Nacional dentro del caso Lezo. Se trata de la Fiscalía General de la Nación (que instruye una especie de Lezo 2 bautizada como operación Acordeón), la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la CNMV española), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla (equivalente a la Cámara de Cuentas madrileña) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como nuestra Agencia Tributaria. El Canal ha colaborado con todas ellas.

La Fiscalía también ha dictado medidas «no restrictivas de la libertad» que prohiben salir del país a varios directivos y exdirectivos de Inassa, entre ellos el español Javier Malia, director de operaciones de Inassa, que había sido repescado por la Comunidad de Madrid y enviado a Colombia.

El Confidencial ha podido hablar con algunos de estos exdirectivos, que se acaban de enterar de la decisión de la Fiscalía. «Es una expropiación de facto», señalan. El origen de todo este proceso judicial es el contrato de asistencia técnica que Inassa facturaba a la Triple A, que según los investigadores colombianos nunca se realizó y según el Canal sí se realizó con todas las garantías.

Este contrato de asistencia técnica, en vigor desde el año 1996 y que el Canal de Isabel II, a través de su mayoría en Inassa, heredó en febrero de 2002, está en vigor hasta octubre de 2033. Por este servicio Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A.

Tras la apertura de la investigación, Inassa dejó de cobrarlo (aunque lo sigue realizando) en noviembre de 2017. El Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y ya ha aportado más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo.

Colombia cree, por otro lado, que Inassa estuvo años cobrando a su filial Triple A por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Y calculan que en todo ese tiempo la Triple A habría abonado a Inassa 237.836 millones de pesos (unos 75 millones de euros) por estas falsas asesorías técnicas.

De hecho Canal y las autoridades colombiana llevan tiempo negociando una compensación económica. Las últimas reuniones se mantuvieron en Madrid hace unos días

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