OPINIÓN

Extinción de Dominio. Leyes 1708/14 y 1849/17

Por: Donaldo Danilo Del Villar Delgado
Abogado litigante

La comunidad tiene derecho a saber y estar informada acerca de la naturaleza, los procedimientos y las consecuencias que acarrea la acción de extinción de dominio en contra de una persona natural o jurídica.

Aquella es una institución jurídica de estirpe constitucional, patrimonial, jurisdiccional, pública, imprescriptible, directa, autónoma e independiente; no depende del reconocimiento previo de la responsabilidad penal de una persona; y procura la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes comprometidos sin contraprestación o retribución alguna para el afectado.

El objeto de la extinción son los bienes, no las personas, adquiridos de manera ilícita y aquéllos que, no obstante ser lícitos, en su origen han sido destinados a la realización de actividades ilícitas, causales que, en forma específica, aparecen desarrolladas en el art. 16 de la Ley 1708 de 2014. Entonces, la consecuencia de la extinción no es una sanción penal, pues su ámbito es más amplio a la represión del delito, sino civil.

No puede confundirse con la expropiación porque recae sobre bienes de origen lícito; además, aquélla obedece a razones de interés general o utilidad pública y existe indemnización. También, se diferencia de la confiscación, proscrita por la constitución, porque donde existe opera como pena sobre los bienes de origen lícito del condenado que pasan al Estado a título de sanción sin lugar a indemnización.

La titularidad de la acción extintiva está asignada a la Fiscalía General de la Nación (FGN) y su actuación está sujeta a una serie de límites, derechos y garantías, que pueden originar el control rogado de legalidad, por parte del afectado, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y del Derecho ante el Juez Especializado, verbigracia, por la imposición de medidas cautelares provisionales y excepcionales en el período inicial. También, cuando la Fiscalía realiza en esta etapa algunos actos de indagación e investigación que, al afectar o limitar derechos fundamentales, están previstos los controles judiciales ante el Juez de Garantías y Dirección Nacional de Fiscalía, según el caso.

El proceso, con tendencia escritural, consta de una fase de instrucción (inicial o preprocesal) adelantada de oficio por la FGN, mediante un programa metodológico, y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en algunas de las causales de ley. No está sometida a término perentorio, excepto cuando opte por decretar medidas cautelares, cuyo límite máximo es de seis meses. Este ciclo concluye con una resolución de archivo o
con la demanda de extinción de dominio.

La resolución de archivo puede obedecer a distintas circunstancias, tales como: la imposibilidad de identificar o encontrar bienes ilícitos; cuando quede demostrado que el bien no está comprometido con la causal de extinción; la inexistencia de relación entre el titular del bien y la causal de extinción; el reconocimiento de derechos de terceros de buena fe exenta de culpa; y la imposibilidad de fijar la pretensión extintiva. En este último caso es posible que el bien tenga que ser destinado al restablecimiento del derecho de una víctima dentro de un proceso penal. El archivo no hace tránsito a cosa juzgada; puede ser revocado, incluso, de oficio por la Fiscalía; y puede ser objeto de control jurisdiccional ante el juez de conocimiento, cuya decisión puede ser recurrida a través del recurso de apelación que resuelve la Sala de extinción de dominio del correspondiente tribunal superior del distrito judicial.

Con la formulación de cargos o la demanda de extinción, carente de recurso por ser un acto de parte, se inicia la fase de juzgamiento adelantada por los Jueces Especializados, quienes avocan conocimiento con el auto admisorio de la demanda; notifican a las partes e intervinientes; y corren traslado para que presenten solicitudes de improcedencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, pruebas y observaciones. Vale destacar que rige el principio de permanencia de la prueba, es decir, el recaudo probatorio de la Fiscalía
tiene pleno valor en la etapa del juicio.

El Juez ordena la práctica de pruebas y las que, de oficio, estime pertinentes. Concluido este período se presentan los alegatos de conclusión y luego dicta la sentencia declarando la extinción de dominio o su improcedencia, susceptible del recurso de apelación; y, una vez ejecutoriada, la acción de revisión. La sentencia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada se someterá al grado jurisdiccional de consulta.

De probarse hipotéticamente la causal de extinción los bienes comprometidos, previo al contradictorio, pasarían a manos del Estado, en particular, a la Rama Judicial (25%), FGN (25%) y Gobierno Nacional (50%). Entonces, la comunidad debe estar informada que, por definición, la extinción es la pérdida del derecho de propiedad del particular a favor del Estado.

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