OPINIÓN

La represa represada

Amylkar D. Acosta M.
Miembro de Número de la ACCE
Exministro de Minas y Energía

SUEÑO O PESADILLA

Inaudito, insólito, inusitado, increíble, inverosímil. Se me agotan los sinónimos de los adjetivos para calificar lo acaecido con el Proyecto multipropósito, ahora convertido merced a la desidia gubernamental en despropósito, de la Represa del Río Ranchería en La Guajira.

En el imaginario colectivo se suele a menudo asociar La guajira con el desierto y las sequías, pero no hay tal, si bien esa percepción corresponde a la Alta guajira, la antigua Provincia de Padilla, situada en el sur del Departamento, flanqueada por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, se caracteriza por la feracidad de su territorio y por su vocación agrícola. Y el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y recorre la Península de sur a norte, está llamado a servir para mucho más que servir de torrentera para que sus aguas se descarguen en su desembocadura en el mar, en el vano intento de endulzarlo. Así nació la iniciativa de represarlo con el múltiple propósito de irrigar 18.030 hectáreas (15 mil hectáreas Distrito Ranchería + 3.030 hectáreas Distrito San Juan del Cesar), generar 7 MW de energía y servir de fuente de abastecimiento de los acueductos de 9 de los 15 municipios que integran el Departamento (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania). De hecho este Proyecto se ha contemplado como la primera prioridad en todos los planes de desarrollo del Departamento desde su creación, en 1965.

Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar de este Proyecto, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en una pesadilla por cuenta del desdén y la desidia de los sucesivos gobiernos. El mismo ha servido de caballito de batalla en todas las contiendas electorales, sobre el cual han cabalgado los aspirantes al solio de Bolívar en los últimos 50 años; mal contados, estamos hablando de más de 12 cuatrienios presidenciales y aún sigue siendo una promesa incumplida. La Represa del Ranchería sigue represada y como en el cuento del gallo capón, cuando se pregunta por ella sólo se tienen preguntas por respuestas.

El más remoto antecedente de este Proyecto fueron los estudios que adelantó hacia 1986 la firma italiana IFAAGRARIO, el cual fue a parar a los anaqueles del antiguo Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), hoy el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Y, desde entonces, como en el drama de Sísifo, una y otra vez se intentó porfiadamente ir más allá de los estudios sin encontrar eco en el Gobierno Nacional, sin cuyo concurso es imposible su realización, dada la envergadura del mismo. En uno de esos tantos intentos frustrádos, como Presidente del Congreso de la República logramos persuadir al Presidente Ernesto Samper de su importancia e impacto regional y la necesidad de su apoyo. En efecto, en las postrimerías de su gobierno se abrió la licitación para los estudios, diseños y ejecución del Proyecto multipropósito del Ranchería, pero con tan mala suerte para La guajira que el triunfo en las urnas del Presidente Andrés Pastrana truncó el proceso al declararse posteriormente desierta la licitación por parte del Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT) el 11 de octubre de 1999. Y ello, no obstante que el Instituto Nacional de Tierras (INAT) conceptuó que “el proceso de selección se ajustó a los parámetros preestablecidos para la convocatoria”.

Ni siquiera la advertencia del Contralor Carlos Ossa, sobre “la presunta responsabilidad (detrimento patrimonial del Estado)” que podría acarrearle a las autoridades competentes del nuevo gobierno por la “indebida e injustificada negativa de la transferencia” de los recursos asignados. Pudo más la revancha contra el Gobierno anterior que los superiores intereses del Estado en este desaguisado. No me quedó más que protestar enérgicamente “a propósito de este atropello inadmisible por este golpe bajo” que se le infligió a La guajira y a los guajiros. Se nos quemó el pan en la boca del horno!

LA SINFONÍA DE OBRAS INCONCLUSAS

A todo señor todo honor, al ex presidente Álvaro Uribe se le abona su determinación al desengavetar el Proyecto del Ranchería y ordenar los diseños y la ejecución de la primera fase del mismo. Soportándose en el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario (2002 – 2006) y la Ley 41 de 1993 “por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones”, se expidió el Documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005 mediante el cual se declaró este Proyecto de importancia estratégica para el país. Este fue un paso fundamental para darle el banderazo a la iniciación de las obras.

Se planteó en este Documento CONPES como propósito del Proyecto la adecuación, así como las obras de riego y drenaje de 8.820 hectáreas y el suministro de agua potable a 400 mil habitantes, aproximadamente, amén de una microcentral de generación eléctrica con una capacidad de 22.6 GWH/año. En diciembre de 2010 se dio por finalizada la presa El Cercado, con un área inundable de 640 hectáreas y una capacidad de embalse de 198 millones de metros cúbicos de agua, así como las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar. Se esperaba que el llenado de la presa tomaría 5 años, más sin embargo la ola invernal de la época que trajo consigo el fenómeno de la Niña lo hizo posible en sólo 5 meses. El monto de la inversión fue del orden de los $650.208 millones, de los cuales aportó el Departamento la suma de $69.733, con cargo a sus regalías directas. Y desde entonces a este Proyecto, redentor para la región, ha estado estancado y se le ha venido mamando gallo para posibilitar la ejecución de su segunda fase, sin la cual la primera, como lo afirmó el Contralor General Edgardo Maya Villazón, “no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada”.

Con el arribo del Presidente Juan Manuel Santos La guajira abrigaba la esperanza de que se le diera solución de continuidad a este Proyecto, pero fue muy poco lo que se avanzó al respecto. Su primer Ministro de agricultura, en su primer período de gobierno, Juan Camilo Restrepo fue muy escéptico sobre el mismo, al que calificó como un “elefante blanco a medias”. Llegó a afirmar que este es “un buen caso de mala asignación de recursos fiscales” porque, según él, esta obra terminará costando $1.2 billones y dado que las tierras que serán objeto de riego tienen una extensión de 18.536 hectáreas, el costo del riego por hectárea saldría a $50 millones, diez veces el costo promedio en el país.

No obstante, para llegar a esta escandalosa cifra, el Ministro parte de la base de cargarle al costo del riego tanto el valor de la inversión de la primera fase como la que resta, cuando, la verdad sea dicha, lo ya construido debe considerarse un bien público con el que la Nación apenas empieza a redimir una vieja deuda social que tiene con este Departamento. Por lo tanto, dicha inversión debe considerarse como un costo hundido que no se puede trasladar a la tarifa por el uso del agua, si se quiere que este proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Así lo hizo la Nación con ese otro elefante blanco que fue el Metro de Medellín, asumiendo los sobrecostos, respaldando su deuda y la Nación se dio la pela. Gracias a ello se pudo subvencionar la tarifa a sus usuarios. Es inadmisible, entonces, que se utilice un doble rasero en uno y otro caso, para ponerle talanqueras al primero y favorecer al segundo.

Además, el del Ranchería no es el primero y seguramente no será el último “elefante blanco a medias”, como lo llamó el Ministro Restrepo; resulta más emblemático el caso patético del Túnel de la Línea cuyo presupuesto inicial fue de $629.000 millones, ya va en $2.2 billones y según el Contralor Maya “todavía se requiere $1 billón más para ponerlo en servicio”1. Será que le van a cargar a quienes transiten por él, vía peajes, el costo total de la obra? O a alguien se le ha ocurrido sugerir siquiera que se abandone a su suerte y se deje a medio palo. Y lo que es peor, en el caso del Túnel de la Línea es que, después de más de 50 años de espera de esta obra, que es fundamental para la competitividad del país, contrataron fue un túnel unidireccional. Es decir, que tendremos que esperar otros 50 años para que se construya el de vuelta (¡!). Esto es para Ripley. Del Gobierno Nacional depende que el Proyecto de la Represa del Ranchería se quede a medio palo!

Pero, en camino largo hay desquite y cuando finalizando el primer período de Santos fui nombrado Ministro de Minas y Energía, ni más faltaba, aproveché la coyuntura para darle un nuevo empujón a este Proyecto y fue así como logramos que se convocara en febrero de 2014 en la Presidencia de la República una Mesa de trabajo interinstitucional de la cual hicieron parte: el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación de La Guajira y FONADE, en la que se concluyó que FONADE era la entidad idónea para llevar a cabo la actualización de los estudios y la estructuración del APP para el proyecto Distrito de Riego de Ranchería y San Juan del Cesar.

Plenamente autorizado por el alto gobierno, FONADE procedió a contratar la consultoría para el diseño y estructuración de un modelo de APP para el Proyecto Ranchería, considerando los diferentes servicios involucrados, para garantizar su sostenibilidad e integralidad. El Acta de inicio de la Consultoría se firmó el 21 de octubre de 2014 y ya retirado del Ministerio desde la Dirección ejecutiva de la Federación de Departamentos estuvimos siempre atentos, con el apoyo del ingeniero y ex gobernador Francisco Daza, que la misma llegara a feliz término, como en efecto se dio. La estructuración de la APP fue entregada en agosto de 2015 y esta a disposición del nuevo Gobierno, por parte del consorcio WSP – BONUS (Banca de Inversión), sólo hace falta la voluntad política del Presidente Iván Duque para que se proceda en consecuencia y de esa manera honre su compromiso de campaña con La guajira, así como el compromiso adquirido con los gobernadores de la región Caribe.

Luego, de consenso, a una sola voz, la dirigencia de La guajira logró en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo país (2014 – 2018) la inclusión de este Proyecto. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de plantearle al Presidente Santos, de consuno con otros dirigentes de nuestro Departamento, la perentoria necesidad de la ejecución de la segunda fase de la Represa del Ranchería. Entre otras cosas, dicho sea de paso, aunque tardíamente (¡tarde piache!), ya con un pie en el estribo, el Presidente Santos le cumplió a La guajira con la expedición del Documento CONPES 3944 del 4 de agosto de 2018, el cual había reclamado en esa misma comunicación. En este se deja planteada una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”.

SE PRONUNCIA LA CONTRALORÍA GENERAL

La Contraloría General de la República (CGR) adelantó una rigurosa auditoría de Cumplimiento a este Proyecto, que, como ya quedó dicho, fue declarado de importancia estratégica para el país en 2005. Al termino de la misma la CGR concluyó que ha faltado una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables para concretar la Fase II del Proyecto. A juicio de la CGR, ello ha dado lugar a un presunto daño fiscal (léase detrimento patrimonial) en cuantía de $637 mil millones de pesos (el monto invertido en la Presa El Cercado) y disciplinario por la gestión antieconómica que ha presentado el Proyecto de construcción de la Represa del Río Ranchería, en el departamento de la Guajira, al incumplirse buena parte de los objetivos y fines con que inició hace 13 años.

La única función que hoy se cumple es la de regular el caudal del Río Ranchería, en desarrollo de la cual se firmaron entre 2011 y 2016 cinco contratos que se limitan a garantizar la seguridad y la conservación de las instalaciones y equipos, por un valor de $34.217 millones. Estamos muy lejos, entonces, de cumplir a cabalidad con el objetivo y los fines previstos en el Documento CONPES 3362 de 2005, contraviniendo flagrantemente el artículo 34 de la Ley 734 de 2000 (Código disciplinario único). A este hallazgo por parte de la CGR se suman cinco más, todos con alcance fiscal y disciplinario, los cuales convergen en el hecho cierto del manifiesto incumplimiento por parte del Estado de manera diligente de sus obligaciones y el daño que con ello inflige a las comunidades. Lo que procede ahora es la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento del patrimonio público, como lo manda la Ley 610 de 2000.

Entre sus consideraciones la CGR trae a colación los múltiples y reiterados pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las altas cortes intimando al Gobierno para que proteja los derechos de las comunidades, en especial la comunidad Wayüu, los cuales se han venido vulnerando. Como es bien sabido la CIDH decretó medidas cautelares, mediante la Resolución 60 del 11 de junio de 2015 tendientes a “preservar la vida y la integridad” de niños y adolescentes de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, amenazada por los flagelos del hambre y la desnutrición, en los cuales tiene una gran incidencia la falta de acceso al agua. Como el Gobierno se hizo el de la vista gorda, la Corte Constitucional, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, declaró el pasado 7 de junio el estado de cosas inconstitucional del goce de derechos a la alimentación, la salud y el agua potable de menores wayüu en La Guajira.

La responsabilidad del Gobierno Central es tanto mayor habida cuenta que a partir de febrero del año anterior, apelando al Decreto 028 de 2008 y mediante el Documento CONPES 3883, la Nación asumió por un período de tres años las competencias en la ejecución de los recursos del Sistema General de Participación (SGP), los cuales tienen como destinación específica la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, así como el suministro de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de La guajira. La Contraloría General exhorta al Gobierno Nacional a acatar y a dar cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, sobre todo en cuanto al acceso al agua potable y salubre de la población más vulnerable, en este caso el pueblo Wayüu.

Como lo registró la CGR en su Informe de Auditoría, según pudo constatar en su visita realizada en el mes de abril de este año, “si bien las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de METESUSTO están muy avanzadas, aún no se ha conectado a la conducción del Distrito Ranchería”. Huelga decir que no obstante que el uso del agua para consumo humano es la primera prioridad, el aprovisionamiento de la misma a partir de la Represa del Ranchería, dado su carácter integral, depende de la ejecución de la segunda fase de este Proyecto. Así de claro!

Bogotá, agosto 20 de 2018
www.amylkaracosta.net

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