OPINIÓN

La última legislatura del Congreso su crucial responsabilidad

“De nada sirven los triunfos si la paz no los corona”. Antonio Nariño

Por: Leonardo Reales Chacón
Doctor en Derecho

La historia humana siempre cuenta entre sus páginas situaciones conflictivas, algunas de carácter interno, otras de connotación mundial como las dos guerras mundiales registradas en el siglo pasado. Pero también estas páginas nos relatan que cuando se han presentado estos conflictos, estos han sido superados por acuerdos y pactos que han puesto fin a la confrontación desarrollada. Los acuerdos y pactos en medio de un conflicto han tenido en sumo la finalidad de no solo poner fin a los enfrentamientos sino también a aquellas razones que dieron origen y establecen las reglas para emprender una nueva etapa que llaman los sociólogos, “posconflicto”.

Esta última legislatura para el congreso actual se reviste de mayor importancia para ellos y para la historia misma de Colombia como república, como al Moisés de la antigüedad según la religión judeocristiana, al actual congreso le corresponderá en este periodo final introducir al país al posconflicto. Para introducir al país al posconflicto, el Estado ha adquirido la imperiosa obligación con sus gobernados la obligación constitucional no solo de evitar que se sigan presentando los actos generadores de violencia para los años sucesivos, sino que asume el deber de identificar y exterminar sus razones; en consecuencia debe avanza en la consolidación de aquellos principios que evitan el resurgir de la violencia.

Para el caso del conflicto armado interno colombiano, que per se es o fue bastante sui generis, el contexto político, social y económico en que se desarrolló no puede repetirse, estos no solamente han repercutido en forma directa y exagerada en la paz sino también en el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y sobre todo en la consolidación del Estado Social de Derecho y su fin primigenio: el orden justo y equitativo. Infortunadamente, las razones que dieron origen al conflicto en los años (60) aún no han desaparecido ni siquiera por la inercia administrativa y política del Estado ni de los acuerdos. Las diferencias políticas que hoy se presentan al interior del gobierno y del congreso han ido repercutiendo en la conciencia de los ciudadanos e incluso en el ejercicio propio de la política electoral.

Lo anterior, viene a sumarse a una realidad económica y social que aún persisten pero en todo esto, ha sido el Estado Social y constitucional de Derecho junto a los ciudadanos calificados por el legislador como “víctimas” quienes han sufrido el mayor daño. Paradójicamente, en medio de estas cinco décadas de confrontación interna, el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho ha cumplido sus 25 años de existencia republicana. El Estado Social de Derecho que se impuso en nuestra Constitución en medio del conflicto, contrario al modelo de Estado Social de Derecho Español que surgió con la expedición de la Constitución de 1978 luego de la terminación de la España regida por la dictadura del General Francisco Franco tras su muerte en 1975, en nuestro caso, todavía esta inconcluso.

En esta perspectiva, el congreso de la república tiene como el principal reto hacer que en el posconflicto colombiano también se consolide el Estado Social de Derecho, aun incluso por encima de la reparación integral de las víctimas, la cual, desde la arista del deber y de su dimensión, la reparación de las víctimas se subordina a sus fines pregonados en los artículos 1° y 2° de la Constitución política. La Responsabilidad del Estado colombiano frente al posconflicto, además de reparar a las víctimas de la confrontación interna armada debe dirigirse a la consolidación del Estado Social de Derecho para que por fin se garantice los Fines Esenciales al igual que los principios que permitan la no repetición ni de los hechos ni de las causas que generaron el conflicto para lo cual se requiere necesariamente la afectación del ordenamiento jurídico actual.

Con fundamento en estos planteamientos resulta procedente plantear interrogantes sobre cuál debería ser la Responsabilidad del Estado colombiano frente al posconflicto que se avecina en la medida en que los acuerdos se consolidan ¿Cuál debería ser el nivel de responsabilidad del Estado primero con relación a las víctimas y en ese mismo nivel con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, donde se garantice la no repetición? Al congreso de la república en esta nueva legislatura le corresponde una de las tareas difíciles pero más altivas de un Estado democrático garantizar los acuerdos y blindar las instituciones sin resquebrajarlas sometiéndolas al señalamiento político que atentan contra el principio de ” pesos y contrapesos” que termina por afectar la constitución misma.

Leonardoreales72@hotmail.com

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