OPINIÓN

Los recursos con destinación específica son sagrados

Por: Martha Villalba Hodwalker
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

A lo largo de mi trayectoria política siempre me ha caracterizado el compromiso por lo social. Me mueven las causas en las que prime el interés general antes que el particular, y en las que a través de los diferentes planes, programas o proyectos, los mayores beneficiados sean los ciudadanos de los estratos más bajos, contribuyendo así a que se reduzcan las brechas de inequidad existentes.

Y precisamente uno de los temas que, como Bancada Caribe de Cámara, defendimos en el legislativo, fue el de los subsidios de energía para los estratos 1 y 2, en aras de que estos recursos se garantizaran y fueran incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, nos preocupan los hallazgos encontrados, recientemente, por la Contraloría General de la República, en el que este ente de control denuncia el desvío, de gran parte de estos recursos que son otorgados por el Fondo de Energía Social (FOES), para beneficiar a las familias más necesitadas de nuestra región, entre ellas las que habitan en las áreas rurales de menor desarrollo, en los barrios subnormales y en las zonas de difícil gestión.

Como congresista no concibo que estos dineros, que tenían una destinación específica, y que son sagrados, hayan sido utilizados por esta empresa prestadora del servicio de energía para otros fines. Esta es la clara muestra de que nuestra decisión, de apoyar la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, fue la más acertada.

Estas investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. Lo denunciado por la contraloría es la punta del iceberg de las irregularidades que al interior de esta empresa se venían cometiendo en cuanto al tema y, que se suma además, a las otras denuncias que desde el Congreso de la República veníamos haciendo, a través de los diferentes debates de Control de Político, por la mala prestación del servicio a 2.565.855 usuarios de los siete departamentos de la Región Caribe.

Nuestro deber es vigilar que todo lo aprobado en el congreso se cumpla a cabalidad, por lo que todas estas pruebas que nos da hoy y nos seguirá dando la contraloría, más los resultados que también se estarán dando a conocer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos; así como la vinculación de otros organismos como la Fiscalía, para que se llegue a los directos responsables, son las nuevas herramientas que tendremos para seguir ejerciendo el control político, ante esta situación, en el legislativo.

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes radiqué una proposición para que el Superintendente de Servicios Público, José Miguel Mendoza, en el marco de sus competencias, nos rinda un informe detallado referente al proceso de intervención de Electricaribe y los fundamentos y efectos de la liquidación de la misma con base en la resolución 20171000005985. Lo anterior, con el fin de conocer -a detalle- los alcances de la decisión adoptada y el estado de las auditorias que actualmente esta entidad viene realizando, entre ellas, la del desvío de los recursos del FOES.

Defender los intereses de los usuarios, principalmente aquellos de los estratos más bajos y de los sectores vulnerables es de nuestra competencia y más cuando están siendo afectados por la mala destinación de estos recursos, lo que no permite que estas familias mejoren su calidad y sus condiciones de vida.

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