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Un año después…y todo sigue igual

Por: Ulahy Beltrán López

En el pasado mes de febrero de 2015, exactamente el día 16 de ese mes, el Presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley estatutaria de salud o ley 1751 de 2015. Esta ley que definió el ámbito del derecho fundamental de la salud en Colombia, estableció además mecanismos que debían resultar en protección a dicho derecho conexo con el derecho a la vida. Todavía se recuerdan las palabras del primer mandatario de los colombianos cuando hizo pública la sanción de esa ley, presentándola diciendo que con su aplicación cesarían las tutelas para reclamar servicios de salud y no habrían más “paseos de la muerte” en el territorio colombiano.

Como quiera que desde hace mucho tiempo Colombia anhelaba un marco legal que en la práctica finalmente garantizara el derecho a la salud de los ciudadanos en este país como un derecho cierto, respetado y observado por cada uno de los diferentes actores intervinientes en el sistema de salud, con la presentación hecha por Santos fueron muchos los colombianos que creyeron de manera sincera que con dicha ley, la tan anhelada realidad habría de llegar para quienes requirieran acceder a servicios de salud.

Sin embargo, después de casi un año de vigencia de esa ley, debe decirse que el pretendido impacto sigue sin obtenerse pues para muchos pacientes siguen siendo las tutelas el único mecanismo que les está garantizando el acceso a los servicios de salud, desconociéndoseles el derecho que se les reconoció mediante la citada ley. Como dijo alguien: “es que parece la ley estatutaria de salud no ha pegado todavía en los diferentes escenarios del sector salud en Colombia”, como si las leyes fuesen aplicables de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos o de acuerdo con la afinidad que les produjese el contenido de ellas, siendo que es de obligatorio cumplimiento.

Basta con sólo ver lo que en la actualidad ocurre con los pacientes que migraron de las EPS que entraron en liquidación en el último bimestre del 2015 -que eran las EPS más grandes tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado- para comprobar que la citada ley no se está aplicando en la práctica en Colombia: cada vez son más frecuentes las denuncias por interrupción de tratamientos que venían recibiendo los pacientes, así como los casos de falta de autorización oportuna para procedimientos, medicamentos y exámenes que parecen ser la constante para estos pacientes, circunstancias que precisamente obligan a los colombianos a no dejar de usar la tutela como la herramienta más eficiente para reclamar este derecho fundamental.

Parece ser que desafortunadamente la ley estatutaria de salud ya hubiese llegado a ser parte de la nueva enfermedad que afecta al sistema de salud colombiano: la “obesidad normativa”. Es innegable que el sector salud de este país desde el año 1993 se ha venido llenando y se sigue llenando de nuevas normas cada día, desde leyes hasta decretos y resoluciones que reglamentan las primeras. Sin embargo, se siguen padeciendo las consecuencias de la inobservancia y el irrespeto hacia dichas normas por parte de algunos actores que intervienen en el sistema, especialmente aquellos que tienen en sus manos el manejo de los recursos financieros que reciben para garantizarle el aseguramiento de sus afiliados y el acceso a los servicios de salud.

Así las cosas, ojalá que ya que en sólo un par de semanas se estará cumpliendo el primer año de haberse sancionado la ley estatutaria de salud, se honre de una vez por todas lo definido tanto en la Constitución de 1991 como lo establecido en la Ley 1751 de 2015, lográndose así el merecido respeto al derecho fundamental de la salud a todos los ciudadanos en Colombia.

ubeltran@hotmail.com
@ulahybelpez

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