OPINIÓN

Una reforma política hecha trizas

Por: Leonardo Reales Chacón
Doctor en Derecho.

Una reforma a su Constitución representa para un Estado su mayor acto de importancia política, simboliza la ruptura con su presente y el inicio de su futuro político y social. Hacerla requiere que esta sea iniciativa del constituyente primario, el pueblo, o de aquellos quienes actúan en su nombre.

En consecuencia, el plantear una reforma política y electoral como la que hoy despierta el interés nacional, significa intervenir la democracia nacional, transformar la institucionalidad que la desarrolla e incidir en las garantías que tiene y exigen como derechos una sociedad política. Para hacerla se necesita de un “bisturí” con tanta finura para que no afecte la medula de la democracia como es la participación ciudadana ejercida a través de los procesos democráticos y de los partidos políticos.

Actualmente en el congreso de la república se tramita unos proyectos de reforma al sistema político con la cual pretende el gobierno nacional, exterminar la corrupción electoral y la práctica clientelísta mediante garantizar la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos y de los movimientos significativos. En el mentado proyecto el ejecutivo “pretendía” que los partidos políticos escogieran sus candidatos mediante un proceso democrático previo o “elecciones primarias” que permitiera conformar las listas definitivas como parte del fortalecimiento de los partidos políticos, sumado a la financiación de las campañas como forma de acabar con la corrupción política.

Pero como en la “metamorfosis” de Franz Kafka en donde Gregorio Samsa se muto en un monstruoso insecto, la iniciativa gubernamental ha ido sufriendo la transformación kafkiana por lo evidenciado en el informe de ponencia en los denominados Actos Legislativos 08 y 09 del 2018, que de permanecer así terminara siendo todo menos una reforma política que acabe con la corrupción y mucho menos fortalezca a los partidos políticos.

En este proyecto para segundo debate desaparece la propuesta de elecciones primarias, se cambia el término de financiación plena de las campañas políticas; por la implementación de mecanismos internos de los partidos para escoger sus candidatos a las corporaciones públicas, y en el de financiamiento por el de “equidad”. La pretensión de fortalecimiento de los partidos se ve menguado al abrir un paragrafo transitorio la opción de que con un 25% de los que integran en la actualidad las bancadas en senado y cámara puedan “mutarse” de los actuales partidos políticos. ¿Será que así es que se pretende fortalecer los partidos políticos? Y ¿cuáles serán esas reglas en equidad para determinar la financiación electoral?

No cabe duda que como en el pasaje bíblico en donde los soldados romanos “se reparten las prendas de vestir de Cristo” pareciera que estuviera aconteciendo lo mismo con la reforma política y electoral que cursa en el parlamento. él” toma tú y tomo yo” de algunos de sus miembros se ha impuesto lo cual como en las pelotas de beisbol llevan por fuera el nombre del fabricante. La crisis del sistema político y electoral en Colombia más allá de las formas es de un fondo muy profundo y colosal.

Pretender resolver la crisis política creando un tribunal electoral a instancias de la permanencia del Consejo Nacional Electoral es como considerar que el cáncer se cura con aspirinas, más aun cuando se mantiene un C.N.E vigente; seria como echar” vino nuevo en odres viejos”. Al respecto la ponencia resulta ambigua por los términos del contenido de los artículos 108 y 120 en referencia a este tribunal por las atribuciones que se les asigna y por su adscripción a los órganos administrativos del sistema electoral. Pero la creación de este tribunal electoral así concebida en los artículos mencionados rompe con el principio de congruencia de la constitución, basta observar el artículo 238ª donde se le designa como parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo pero se le asigna competencias administrativas.

Lo anterior merece ser analizado bajo la integralidad de la normativa de unidad constitucional: o este tribunal sería un órgano administrativo conforme a los términos del artículo 120 como parte que “conformara la organización electoral” o seria de carácter judicial como lo pretende el artículo 238ª al decir que “será parte de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Pero ¿cómo podría haber un “tribunal” orgánicamente hablando dentro de otro tribunal como el contencioso administrativo? Sería interesante resolver este interrogante sobre todo porque la reforma le da a este tribunal una connotación de órgano con funciones específicas y similares a las de carácter administrativo que no serían congruente con las que cumple la jurisdicción especial administrativa que es típicamente aplicar justicia. Por otra parte es válido repensar las competencias que esta pudiera tener sobre todo porque parte de ellas vienen siendo asumidas por el mismo órgano de lo contencioso desde el inicio de la constitución misma y la existencia de una sala en materia electoral.

Pero aun cambiando la figura de tribunal por la de sala la incongruencia con el diseño constitucional haría improcedente en la medida en que como se observa en el diseño de la carta política esta reserva en títulos y capítulos la forma de organización del Estado como la definición clara de funciones y competencias a dichos órganos, crear una institución como un tribunal con funciones más de carácter administrativas pero dentro de un órgano de naturaleza judicial. ¿Colcha de retazo constitucional?

Por último, la pretensión otro del articulado que merece atención es la reforma del artículo 346 en donde se pretende crear la figura de “inversión de iniciativa congresional “ que pone en la palestra la trajinada figura de los cupos indicativos que han sido cuestionados a través de los tiempos y que no guarda objetivamente relación con la pretendida reforma política. De reforma para consolidar la democracia y el sistema electoral está muy distante este proyecto que terminara por poner en peligro la constitucionalidad de nuestro sistema.

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