Mi actuación estuvo motivada por la búsqueda de la transparencia y la responsabilidad en la gestión universitaria. Mi objetivo principal, en calidad de rector, fue impulsar el Programa de Desarrollo Profesional Docente, en el que se reservaron $2.800 millones para la formación doctoral de profesores en las mejores universidades internacionales.
De esta manera, el exrector de la Universidad del Atlántico Rafael Castillo Pacheco argumentó la decisión de aprobar una comisión de servicios para el docente Wendell Archbold, destinada a respaldar sus estudios de doctorado en Argentina.
Hay que señalar que la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 10 años al exrector por extralimitarse en el uso de sus funciones.
De acuerdo con el ente de control, el académico “abusó de su cargo” al otorgar, al docente de la facultad de ciencias económica, una comisión de servicio remunerada en Argentina para asistir a clases del doctorado en Contabilidad que cursaba en la Universidad Nacional del Rosario.
“El Ministerio Público verificó que por medio de la resolución 003396 del 13 de junio de 2015 se concedió el aval al profesor para su asistencia y se demostró la vulneración de los principios de ordenamiento jurídico, rectitud y honestidad”, precisó la Procuraduría.
Señaló que, en fallo de primera instancia, se encontró responsable al funcionario de trasgredir lo establecido en la ley, puesto que, las comisiones deben ser llevadas a cabo para situaciones administrativas y para ejercer temporalmente funciones académicas inherentes a su cargo.
El ente de control calificó la conducta de Castillo Pacheco como falta gravísima cometidas con dolo.
“Los hechos en cuestión, tienen sus raíces en mi período como rector de la Universidad en el año 2015. En ese momento, el profesor Wendell Archbold solicitó una comisión de servicios por 15 días, al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, la cual fue inicialmente aprobada. Según el Estatuto Docente de la universidad, el proceso debía seguir con la presentación ante el Consejo Académico y posteriormente ante el Consejo Superior. Sin embargo, según mis indagaciones recientes, este proceso no se completó de acuerdo con lo establecido”, relató Castillo Pacheco.
Agregó que: “La tramitación, dio un salto y continuó en la Jefatura de Talento Humano, a cargo de Gonzalo Lizarazo, quien delegó al funcionario Luis Villa de proyectar el acto administrativo, el que finalmente llegó a la Oficina Jurídica bajo la dirección de Rubén Campo para su estudio, antes de terminar en mi escritorio. El acto administrativo se emitió, como una comisión de servicios remunerada con el visto bueno de estos funcionarios. Advierto, no soy amigo del profesor, ni tengo afinidades políticas con él”.
De acuerdo con la versión de Rafael Castilla, la nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas, en medio de un conflicto con el profesor Wendell, planteó que este no cumplía con los requisitos necesarios para recibir una comisión remunerada, debido a su tiempo de vinculación insuficiente en la planta docente. “Esto llevó, al jefe de Control Interno Disciplinario, Moisés Avilés, nombrado por la rectora Rafaela Voz, a abrir una investigación disciplinaria, que concluyó con una absolución a favor del profesor Wendell, pero con calificaciones subjetivas de mi responsabilidad. Estrictamente, el funcionario que recibió los recursos no fue señalado como responsable, mientras que se apuntó a quien autorizó el pago, como potencial comprometido”, indicó.
Resaltó el exrector que no se le dio la oportunidad de ser escuchado, ni de participar en la investigación de la Universidad, ni en la indagación preliminar de la Procuraduría. “Mi abogado, Libardo Suarez, ha señalado que, durante el proceso, se han vulnerado garantías procesales, el principio de legítima defensa, los principios de contradicción y el debido proceso. Además, desvirtúa la existencia de dolo en mis acciones, ya que seguí un proceso con filtros y visados internos, que deberían haber asegurado la legalidad de la comisión, lejos de toda premeditación”, indicó.
“Es fundamental recordar, que todos los profesores de la Universidad del Atlántico, tenemos que conocer y cumplir con el Estatuto Docente. Esto implica. que no debemos solicitar ni recibir beneficios no contemplados en la ley. En caso de recibir una compensación que no se ajuste a las regulaciones, la respuesta debe ser la devolución de los dineros indebidamente recibidos. Esto es una norma legal y un imperativo ético, especialmente para quienes somos docentes y servidores públicos”, afirmó.
También insistió que tiene un propósito claro, en esta oportunidad: rendir cuentas y exhortar al profesor Wendell Archbold a hacer lo mismo, dado su papel como representante de los docentes en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, escenario donde se toman decisiones cruciales sobre el gasto público universitario y la formulación de políticas de gobernanza.
“Este asunto no es trivial, ya que el docente Archbold desempeña un papel clave en la toma de decisiones en nuestra universidad y actuar con responsabilidad y transparencia es un imperativo ético. Es esencial, que se aborde este asunto de manera adecuada, para mantener la integridad y el prestigio de nuestra institución”, señala.
Por último, afirmó que: “En los episodios más sonoros de escarmiento disciplinario y penal, la sociedad, los medios y la comunidad universitaria, siempre están interesados en conocer cuántos recursos se comprometieron. Es importante señalar que los fondos desembolsados en relación con la comisión de servicios en cuestión no superan los 3.5 millones de pesos. No voy a discutir la sanción disciplinaria, porque mi formación como demócrata me hace respetuoso con las instituciones. Sin embargo, usaré todas mis capacidades técnicas y las herramientas que la ley me permite, para proteger mi buen nombre y demostrar la integridad de mis acciones. Mi compromiso con la transparencia y la responsabilidad permanece intacto, y confío en que la justicia prevalecerá en última instancia”.
