El Comité Atlántico de Usuarios de Servicios Públicos solicitó al Ministerio de Minas y Energía una reunión exclusiva para el departamento teniendo en cuenta que la situación que viven los barranquilleros y atlanticenses son muy complejas en materia de energía.
Así lo señaló Karol Solís Menco, politóloga y miembro perteneciente de dicho comité, quien dijo que “Barranquilla y el Atlántico requieren de una mirada específica. Además, porque nuestra factura hay un 30 por ciento que deriva de una forma específica en la que se estructura el cobro en nuestro departamento. Por eso nosotros queremos tener una asamblea para nosotros con presencia del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos”.
De acuerdo con la líderesa, el ministro de Minas y Energía no ha hablado abiertamente de ese compromiso, aunque fue una petición expresada por el Comité.
Karol Solís señaló que la organización mencionada está esperando la respuesta de un derecho de petición que se presentó ante la cartera ministerial con más de 20 mil firmas.
“Nosotros estamos parcialmente contentos porque hay una respuesta positiva del presidente Gustavo Petro que dice que el Gobierno va a intervenir para que las pérdidas no técnicas que son el robo que nos cobran a todos los usuarios, lo que no es justo, sean revisadas. Lo que no tenemos es el detalle jurídico de cómo va a viabilizar la promesa que hizo”.
De acuerdo con Karol Solís, el tema es muy complejo porque es una realidad histórica en el Caribe. “El Gobierno pasado fue muy astuto al dejarlo amarrado a través del plan de desarrollo y con la aprobación de todo el Congreso. Me parece que el tema está muy hablado de parte de todos los sectores. Yo mal haría decir que solo el presidente puede hacer algo para resolver el problema que hoy tenemos. La realidad es que la bancada Caribe tiene en sus manos hacer algo apoyando puntualmente al presidente y no siendo mezquino al hacer un ejercicio de oposición”.
La dirigente también indicó que los alcaldes ni los gobernadores de la región cuentan que el 30 por ciento por cada 10 mil pesos que el usuario paga en la factura del servicio de energía, es decir 3 mil pesos nada tiene que ver con cosas que no pueda resolver el presidente. “Hay un impuesto que se llama alumbrado público y otro que se llama tasa de seguridad. Esta última la cobra la Gobernación del Atlántico con la aprobación de la Asamblea y el alumbrado público lo definen los concejos y los alcaldes. Estos señores, es decir diputados y concejales tienen en sus manos el 30 por ciento de las tarifas que nosotros estamos pagando y no lo dicen porque no hay voluntad política”, indicó.
