El representante a la Cámara por el Atlántico, Gersel Pérez Altamiranda anunció que le realizará un debate de control político en el Congreso de la República al gobernador Eduardo Verano ante la serie de violaciones que en término del derecho laboral está cometiendo el mandatario departamental.
“Vemos que hay una indolencia en la administración departamental. No es posible que mujeres embarazadas no tengan su vinculación laboral, no es posible que mujeres en período de lactancia hayan tenido que recurrir a la acción de tutela y la administración departamental sea indiferente”, dijo el dirigente político.
El congresista también se refirió al caso de la mujer que tuvo que presentar una tutela para que pudiera ingresar laboralmente a través del concurso de carrera administrativa. “Escuché unas declaraciones del secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico quien falta a la verdad porque si bien es cierto la Comisión Nacional del Servicio Civil le ordenó el 9 de febrero a la Gobernación que nombren a la persona en el cargo, no lo hicieron y a ella le tocó recurrir un mes y tres días después a interponer la acción de desacato, la cual la juez decretó el 4 de abril de este mes con la orden de la captura del Gobernador y con una multa por diez salarios mínimos legales diarios. También conocemos el caso de ocho personas en condición de discapacidad que no le han hecho contrato pese a que están laborando. Todo eso refleja una indiferencia”.
Gersel Pérez señaló que está asombrado por el comportamiento del mandatario departamental. “Yo trabajé con el señor Verano en su primera administración y realmente no comprendo qué le pasa porque se supone que con su experiencia, las cosas estarían de mejor manera. Muchas personas me escriben para decirme que han tratado de hablar con sus jefes o con él sobre el tema de la vinculación laboral, pero la indiferencia es total. No sé qué pasa en esta administración. Lo que me han dicho es que no hay recursos”.
Agregó que: “Hoy presentaré una carta donde solicitaré que me digan cuántas personas han contratado porque muchos tienen un amparo constitucional y hay una indolencia por parte de esta administración. También voy a solicitar copia del contrato que hicieron con una empresa para el apoyo logístico por 1.500 millones de pesos porque esos recursos se lo debieron destinar al personal que no ha sido contratado pese a que la ley lo exige”.
“Si nosotros tenemos que hacerle un debate de control político al señor Gobernador en el Congreso de la República, lo vamos a hacer. El Congreso tiene la facultad de citar a los gobernadores y alcaldes. No es una facultad que tienen los concejales ni diputados. Este es un tema de sensibilidad social y me duele lo que está pasando”, señaló.
Por último, el congresista señaló que él le advirtió al Gobernador que lo iban a tutelar, pero no le prestó atención.
