En el ojo del huracán no deja de estar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha sido objeto de irregularidades tanto en los tiempos bajo la tutela del ICBF como hoy administrado por el Ministerio de Educación y los entes territoriales a donde llega. Es que los millonarios recursos que maneja el PAE han desatado la ambición de corruptos quienes se han beneficiado a costa de la salud y educación de nuestros menores.
Después de tres meses del inicio de las clases, muchos niños, niñas y adolescentes del país siguen sin recibir el complemento nutricional, que promete el programa. De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana, durante los dos primeros meses de clases en 2024, cerca de 278.000 estudiantes no recibieron PAE en el país. Por su parte, la Contraloría General reveló que hay un desfase de 66 días en la entrega del PAE a 36.104 estudiantes indígenas, de un total de 403.070. Retrasos que en su mayoría son atribuidos a la negligencia y el descuido de algunas administraciones.
Denuncias sobre la mala calidad de los alimentos, la entrega de raciones contaminadas o en mal estado, así como los bajos estándares de calidad y cantidad establecidos por la normativa, son el pan de cada día del programa de alimentación escolar. Tenemos un PAE que si bien ha mejorado estos últimos años en la calidad de su servicio, sigue presentando irregularidades que dejan en el limbo el cumplimiento de los nobles y generosos postulados de esta política pública.
Es condenable, desde todo punto de vista, que unos clanes de bandidos se apropien de esos recursos para el bienestar particular y suministren alimentos en mal estado o incumplan con la implementación del PAE, lo que se constituye en una sigilosa pena de muerte contra una población infantil que proviene de familias en estado de vulnerabilidad social. Al estar en juego la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, es fundamental que se castigue a los corruptos, el país quiere ver juzgados, condenados y encerrados a quienes cometen uno de los crímenes más graves en los que se puede incurrir contra el futuro del país: nuestros niños y niñas.
Una condena ejemplificante fue la establecida por la Corte Suprema de Justicia al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco a 21 años y ocho meses de prisión, por incurrir en una serie de irregularidades durante el trámite, suscripción y liquidación de un contrato de suministro de alimentos para los estudiantes del departamento; así como la apropiación de más de 1.537 millones de pesos a favor de terceros. Colombia debe y tiene que reaccionar con energía frente a esa inmisericorde corrupción.
Celebramos las actuaciones de la Contraloría y la Procuraduría, quienes le han puesto la lupa a los programas de alimentación escolar del país. Por otro lado, instamos al Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades responsables, a trabajar mancomunadamente para seguir dando contundentes golpes a estas mafias, garantizando a los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la alimentación. La prioridad debe ser siempre el futuro de nuestros menores.
