La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, presentar un inventario de sus bienes y patrimonio, en medio de un proceso en el que representantes de víctimas como la familia del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, han presentado sospechas sobre su real solvencia y han pedido un incidente de incumplimiento en su contra.
Dicho informe con el detalle de su patrimonio tendrá que ser entregado por el exgobernador Salvador Arana en un término máximo de 10 días.
Esto, en medio de las sospechas que tienen ciertas víctimas como Ketty Paternina, hija de la exfiscal Yolanda Paternina, así como la familia de Eudaldo Díaz, frente a que Salvador Arana tuviese más patrimonio (en cuerpo ajeno) que el que ha reportado, particularmente porque en todo momento habría sostenido económicamente a su familia (incluso desde la cárcel) así como predios incluidos en un proceso de divorcio con su esposa.
Por otra parte, su propuesta de reparación fue trasladada a las víctimas acreditadas en el caso, para que con los ajustes que realizó sean analizadas y estas emitan un concepto frente a esa iniciativa.
Asimismo, y hasta que no se determine si el exgobernador ha cumplido o no con sus obligaciones en materia del proyecto para reparar a las víctimas, por el momento fue negada la apertura de un incidente de incumplimiento en contra de Salvador Arana.
De hecho, el propio Arana le solicitó a la JEP un encuentro directo con las víctimas para que “por medio de la oficina de justicia restaurativa se genere un espacio de diálogo con el debido acompañamiento psicosocial, a fin de acordar e iniciar la ejecución del proyecto de reparación”.
Otro de los puntos que será analizado por el despacho es la polémica en torno a la finca Tierra Santa, que ha sido señalada por las víctimas de ser supuestamente de Arana en cuerpo ajeno, que presuntamente albergaría fosas comunes con desaparecidos y actualmente se adelanta un proyecto inmobiliario allí.
