“Las esperanzas de los docentes de base de Colombia están a punto de estrellarse frente al nuevo modelo de salud para el magisterio implementado por el Gobierno del presidente Petro porque con el proceso, que entró en vigencia desde este primero de mayo, todo cambia, pero no totalmente y de la manera en que se aspiraría”.
Ese es el pronunciamiento del dirigente sindical Alberto Ortiz Saldarriaga tras definirse el nuevo modelo de prestación de los servicios de salud de los docentes oficiales y sus familiares, unas 900 mil personas.
Para el dirigente del magisterio, este nuevo modelo, que le cuesta al Estado en promedio 14 billones de pesos, “nada está listo y más allá de un muy seguro período de transición de 6 meses, que favorece el statu quo y que constituye una forma eufemística de disfrazar una prórroga que encubre unos superlativos niveles de improvisación, nada hay de nuevo más allá de una enorme posibilidad de defraudación de la confianza, con un impacto incalculable para la legitimidad y credibilidad de las organizaciones sindicales y del propio Presidente de la República”.
Agregó que: “Hay una serie de críticas muy razonadas al modelo de salud que se implementará en todo el territorio nacional. Estamos sorprendidos porque en el proceso de definición del modelo ha habido mucha improvisación, irresponsabilidad, premura y no estamos frente a cualquier servicio sino uno de carácter esencial y fundamental que impacta sobre la calidad de vida de los maestros y sus familiares”.
Para Ortiz Saldarriaga, “al estar en juego el prestigio y el capital político del Jefe de Estado frente a un magisterio que lo apoyó incondicional y decididamente, los maestros esperarían que se constituyeran en garantes de que lo público se hiciera público y de que todo el proceso de contratación de las nuevas instituciones prestadoras de salud se transparentara a niveles que evitaran las suspicacias que originan que Fiduprevisora siga haciendo lo que se le viene en gana y que sus 3 ministros, representantes ante en el Consejo Directivo del FOMAG, aprueben como mayorías aplastantes asuntos en los que los usuarios deberían tener la oportunidad constitucional de intervenir y participar en las decisiones que los afectan”.
Además, se refirió a que el “silencio que encubre movidas” que se deciden en espacios reducidos y de espaldas a la gente es un muy mal y contrario síntoma.
“La precipitud con que la dirección de Fecode se pliega al Gobierno, auto reduciéndose a un comité de aplausos, también lo es y más aún cuando desde lo nacional se maneja el tablero de ajedrez de los sindicatos filiales para silenciar o desplazar voces críticas e independientes frente al tema en los principales cargos de las filiales”.
Por último, se refirió a la capacidad de atención de la IPS Consalud que solo cuenta con diez consultorios médicos para 4 mil docentes oficiales en el Atlántico. “Esto es un problema de naturaleza mayor que va a generar más situaciones conflictivas que soluciones por eso estamos haciendo mucho antes las prevenciones sobre este aspecto. Siento que ha habido equivocaciones y hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que la Fiduprevisora ha sido cómplice en todo el proceso de prestación de los servicios y esta vez se le premia como eje central en la implementación de todo el modelo y creemos que no es gratis”, terminó diciendo.
