Air-e, la empresa encargada del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, solicitó al Gobierno Nacional una solución urgente para la deuda que arrastra, según afirmó su asesor jurídico, el abogado Jaime Lombana.
La compañía enfrenta una deuda de 1.7 billones de pesos, mientras que le deben 1.8 billones por el no pago de servicios y subsidios.
Air-e informó que mantiene conversaciones activas con el Gobierno en busca de una salida viable que permita la continuidad del servicio. Sin embargo, el riesgo de intervención estatal sigue latente, ya que la situación financiera es insostenible sin una pronta solución.
La empresa ha reiterado su compromiso de seguir ofreciendo un servicio justo, pero la presión de los altos costos de generación y la volatilidad del mercado energético dificultan su operación.
Lombana hizo este anuncio en una entrevista en la W Radio, en la que describió la situación financiera de la compañía como una “crónica de una crisis anunciada”.
Según el representante legal, esta situación ha sido agravada por el drástico incremento en los costos de la energía, que ha pasado de 120 pesos a 720 pesos por kilovatio hora en cuestión de meses. “Esto hace insostenible cualquier situación financiera”, subrayó Lombana, quien hizo un llamado a establecer límites a los generadores de energía.
El panorama ha generado un creciente malestar social en la región Caribe, con constantes protestas por las altas tarifas que afectan a los usuarios más vulnerables.
Lombana alertó que, de no tomarse medidas inmediatas, se podría desencadenar una “bomba social” debido al colapso del servicio energético y su impacto en la vida cotidiana de millones de personas.
La empresa, que atiende gran parte de la costa Caribe, se encuentra en una encrucijada crítica. Lombana reiteró la necesidad de la intervención estatal, no solo para garantizar la continuidad del servicio, sino para evitar un estallido social frente al malestar por los costos desmesurados de la energía.
SERVICIO VA A EMPEORAR EN LA REGIÓN
El senador José Name dijo por su parte que “una intervención le va a costar al Gobierno nacional y a los colombianos con sus impuestos 10 o 12 billones de pesos como ocurrió la vez pasada con Air-e. Una intervención es lo menos que se debería hacer, pero el Gobierno se vería obligado cuando el servicio no se presta adecuadamente. Cuando Air-e no tenga con qué pagar, al Gobierno le va a tocar asumir el manejo de la empresa. Eso sería muy complicado para los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico porque este gobierno no tiene ninguna clase de experiencia. No ha manejado absolutamente nada bien. Mire lo que ha pasado con las carreteras. El servicio va a empeorar en la Costa Caribe si se da una intervención”, dijo el dirigente político.
