En la sesión descentralizada de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental del Atlántico con la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, la petición generalizada de los líderes políticos, gremiales y sociales fue que esta cartera suspendiera el proceso de valorización mientras la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fallen sobre la legalidad del cobro del derrame.
El candente debate en torno a la legalidad del cobro de la valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad se ha atizado tras la decisión del Consejo de Estado de admitir las demandas presentadas por la Camacol y los Comité Intergremiales de Atlántico y Bolívar. Además, pidieron medidas cautelares para que no se pueda hacer este recaudo hasta que no haya un fallo de fondo.
Uno de los que hizo la petición fue el senador Mauricio Gómez quien afirmó que “si usted, señora ministra no escucha a la gente es una mujer terca porque nunca nos habíamos unido tanto los gremios, los políticos y la academia todos sobre una misma causa como es esta. Aquí está la comunidad diciéndole de rodillas señora ministra, pare ese cobro y yo estoy plenamente confiado en que el Gobierno de Petro no va a reversar el cobro de valorización, pero también estoy completamente convencido que el Consejo de Estado, con el favor de Dios, en diciembre decretará medidas cautelares para hacer justicia y la Corte Constitucional en 120 días le dirá al presidente de la República no más atropellos contra la región Caribe”.
Por su parte el senador Carlos Meisel afirmó que: “démosles tiempo a los tribunales”.
Agregó que: “Hoy le decimos a la ministra que tiene que comprender desde dónde y hasta dónde llega la zona de influencia del cobro, porque el mensaje que se ha promovido es que se les va a cobrar a las personas ricas de nuestros departamentos, pero no creo que en sectores como La Cumbre, Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta haya personas con estos recursos, así que lo primero es que de esta sesión se saquen conclusiones sobre esto”.
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, mencionó que el 97 por ciento de las micro y medianas empresas del departamento se verán afectadas por este cobro.
“El tejido empresarial del Atlántico y en una proporción muy similar el de Bolívar está conformado en un 97 por ciento por micro y medianas empresas que van a tener que pagar esta contribución de valorización y lo que pasa es que son empresarios y son personas que se levantan día a día a sacar adelante sus negocios, peluquerías, ferreterías, talleres, farmacias, tiendas, y que se van a ver asfixiados por la cantidad de impuestos que pagan y hoy van a tener que pagar un impuesto o cobro más”, indicó.
Jorge Segebre, presidente de Camacol, contó que el departamento quedaría en déficit económico con este cobro de valorización: “Nos quieren quitar 1.2 billones de pesos en este cobro, cuando el presupuesto del próximo año va a ser menos y la verdad es que no van a dar las cuentas. Este es un Gobierno que no ha permitido la recuperación económica de las familias y que no fomenta el empleo y la proyección, y que ha sido castigada, este no es el momento para este tipo de cobros, la ministra tiene que ver la realidad de estos sectores y conocer sus necesidades”.
La gerente de la Andi seccional Bolívar, María Claudia Peña, mencionó que la ciudadanía cuenta con el respaldo de los empresarios de Colombia para tumbar este “injusto” cobro de valorización.
“Damos respaldo desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia a la ciudadanía y a todas las personas que se han identificado como afectadas y perjudicadas por este discriminatorio cobro de valorización. Que sepan que cuentan con el sector empresarial, porque sabemos la afectación que puede representar esto para nuestras ciudades y departamentos en el Caribe”, dijo.
A su vez, Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, aseguró que hay una incoherencia de parte del Gobierno a la hora de proponer este cobro.
“El Gobierno habla e insiste en la descentralización, pero básicamente este cobro afecta toda esa propuesta. Queremos hacer un pedido a la ministra para que se respeten los derechos de la ciudadanía, porque ellos tienen el derecho de saber qué se les está cobrando y qué afectaciones van a tener con el cobro, y eso no se ha hecho. Pedimos respeto por parte del Gobierno”, comentó.
