El abogado constitucionalista Fernando Borda Castilla advirtió en una entrevista con Extranoticias Radio que la convocatoria a la Consulta Popular promovida por el Gobierno Nacional no solo es un mecanismo de participación ciudadana, sino que también se está utilizando como una estrategia para ejercer presión sobre el Congreso de la República. Según Borda, este mecanismo podría generar una narrativa que afecte la imagen del legislativo de cara a las elecciones de 2026.
“Es una narrativa que puede ser demoledora para el legislativo”, señaló el abogado, quien también desestimó la idea de que el presidente Gustavo Petro haya perdido poder político. “Quienes piensan que Petro está derrotado, están equivocados”, puntualizó. En este contexto, Borda explicó que la consulta popular es un derecho consagrado en la Constitución de 1991, el cual permite a la ciudadanía pronunciarse sobre temas de interés nacional.
“Evidentemente esta es una figura que trae la Constitución del 91, participación ciudadana se llama y está la consulta popular que es un mecanismo en donde se convoca al pueblo, también lo pueden convocar los alcaldes, los gobernadores y se le pone de presente un tema para que sean aprobados o rechazados en la consulta popular”, explicó Borda. Añadió que, cuando esta consulta es promovida por el Gobierno Nacional, debe contar con la firma de todos los ministros, sin excepción. “A veces me preguntan qué pasa si un ministro no firma, pues lo destituyen enseguida y ponen al otro a firmar”, aclaró.
Sin embargo, el abogado enfatizó que la viabilidad de la consulta depende en gran medida del Congreso. “Si el Congreso de la República no vota positivamente la consulta, no se cumple el requisito. Constitucionalmente es claro: si el Congreso no lo vota, no hay consulta popular”, afirmó. Esto significa que, aunque el Gobierno impulse la iniciativa, su ejecución depende de la aprobación legislativa.
Borda también advirtió sobre una estrategia discursiva que podría utilizar el Gobierno de cara a los comicios de 2026. “Estoy viendo de cara a las elecciones del 2026 una narrativa en donde se le están presentando cuestiones al Congreso y el Congreso las niega, y el responsable es el Congreso”, indicó. Según el abogado, esta estrategia busca trasladar la responsabilidad de los fracasos legislativos al Congreso, debilitando su imagen ante la opinión pública.
Finalmente, Borda subrayó que este discurso ha sido planteado por el presidente en más de una ocasión y que podría consolidarse como una herramienta política en los próximos años. “Eso genera una narrativa delicada de frente a las elecciones de 2026”, concluyó. Con esto, se abre el debate sobre el verdadero alcance de la Consulta Popular y su papel en el ajedrez político del país.
