El caso por la presunta apropiación ilegal de predios en el municipio de Soledad, Atlántico, continúa desarrollándose con nuevas revelaciones que sacuden a la opinión pública. En la más reciente audiencia realizada este lunes en el juzgado de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación presentó más elementos de prueba, mientras las defensas de los 17 implicados —entre los que figuran exfuncionarios públicos y presuntos testaferros— también expusieron sus argumentos.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de Alberto Tejera, representante de la Alcaldía de Soledad, quien rechazó con firmeza las acusaciones que vinculan a la administración municipal con el supuesto respaldo institucional al robo de tierras. Tejera insistió en que las pruebas expuestas por el ente acusador no reflejan la verdad de los hechos, y subrayó que la Alcaldía ya había revocado un acto administrativo erróneo relacionado con un predio que iba a ser destinado para un megacolegio, propiedad de la constructora Marval, también reconocida como víctima en el proceso.
La Fiscalía, por su parte, reveló interceptaciones telefónicas que evidenciarían una red de corrupción compuesta por exfuncionarios de la Alcaldía, la Oficina de Instrumentos Públicos, la Policía y varios abogados. Entre los señalados se encuentran Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos; Andrés Díazgranados, exasesor jurídico de la Alcaldía; y Neysi Cantillo, exinspectora de Policía, quien habría tenido un rol clave en la falsificación de documentos que facilitaron la ocupación irregular de terrenos.
Uno de los audios más comprometedores presentados por el ente acusador muestra una conversación entre Alex Ahumada, abogado de uno de los imputados, y otro implicado, donde se menciona la entrega de “5 kilos de quesos” como presunto soborno para desbloquear una matrícula inmobiliaria fundamental. Según la Fiscalía, esta es solo una muestra del modus operandi que permitía la usurpación de tierras mediante pagos ilegales, documentos falsificados y complicidades dentro del sistema judicial.
Durante la audiencia, también intervinieron representantes de las víctimas, quienes solicitaron medidas de aseguramiento en centros carcelarios para los imputados. Luz Marina Berrío, representante legal de la constructora Marval, expresó su preocupación por la seguridad de las familias afectadas y lamentó que proyectos fundamentales para la comunidad, como el megacolegio, se vieran truncados por la ocupación ilegal de los predios.
El listado de los 17 implicados abarca a exfuncionarios de diferentes instituciones: además de Ucrós y Díazgranados, figuran nombres como Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro Macías, exregistrador; Marlon Mora Montesino, inspector de Policía; y Francisco Mejía, Notario Único de Santo Tomás. También se encuentran abogados, tramitadores, presuntos poseedores irregulares y testigos falsos, como Wilmar Machuca, José Peñaloza y Roque José Lugo. De todos ellos, solo Mora Montesino enfrenta el proceso en libertad tras decretarse ilegal su captura.
Un capítulo especialmente polémico lo protagoniza Neysi Cantillo, quien, de acuerdo con las pruebas presentadas, habría utilizado su conocimiento del sistema para elaborar documentos falsos que amparaban la ocupación ilegal. La Fiscalía también denunció pagos ilícitos a funcionarios de la Personería, la Alcaldía y hasta fiscales, señalando que hay investigaciones en curso sobre la posible implicación de miembros del mismo ente acusador.
Aunque el proceso judicial aún se encuentra en sus primeras fases, las autoridades insisten en que este caso podría ser solo la punta del iceberg. “Estamos frente a una estructura delictiva compleja que ha puesto en jaque la institucionalidad y los derechos fundamentales de muchas familias”, expresó la fiscal encargada del caso, quien no descartó futuras capturas.
En medio de una sociedad que clama por justicia y transparencia, el caso de robo de tierras en Soledad se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción estructural. A medida que avanzan las investigaciones, queda en evidencia que recuperar la confianza ciudadana dependerá del compromiso institucional con la verdad y la justicia.
Con información de Focus Noticias.
