En una rueda de prensa ofrecida este martes 17 de junio a las 10:30 de la tarde, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular de carácter nacional el próximo 7 de agosto. En su declaración, Penagos fue enfático al afirmar que es prácticamente inviable que dicha jornada democrática se realice en esa fecha, debido a las enormes exigencias logísticas, operativas y legales que un evento de esta magnitud requiere.
Penagos, anunció que solicitará al Consejo de Estado un concepto para tomar una decisión sobre el ‘decretazo’ y que no convocará a los colombianos a las urnas hasta que no haya una dedición del alto tribunal: “No se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas uy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes”.
Según explicó el registrador, desde hoy hasta el 7 de agosto hay aproximadamente 53 días, un plazo que considera insuficiente: “Materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como así lo determina la Constitución y la ley, si queremos sacar adelante de manera íntegra e impecable una consulta de este nivel”
Penagos señaló que una consulta popular nacional tiene una complejidad muy similar a una elección presidencial o legislativa, ya que involucra a todos los ciudadanos del país y exige una planeación prolongada: “Las elecciones del Congreso o Presidencia del próximo año llevamos meses preparándolas. Cerca de año y medio construyendo de manera ordenada todo lo que conduzca a garantizar el derecho al voto libre de la ciudadanía. Pues esta consulta también requiere un proceso muy juicioso y ordenado”.El registrador detalló que para un proceso como este se deben instalar aproximadamente 112.000 mesas de votación en el territorio nacional.
Además, resaltó la dimensión internacional del proceso: el material electoral debe enviarse a 67 países y 124 consulados, lo cual representa un desafío logístico enorme. “La distribución del material electoral a esos lugares apartados del planeta es descomunal y difícil. No solamente se trata de una tarea de la Registraduría, sino también de las exigencias migratorias que imponen los países receptores”.Otro punto clave mencionado fue la votación en el exterior, que inicia con una semana de anticipación, lo que implica que el material debe llegar con suficiente margen de tiempo a todos los consulados.
Penagos también subrayó la necesidad de capacitar adecuadamente a cerca de 650.000 jurados de votación en todo el país, quienes, en el caso de una consulta, deben estar completamente instruidos sobre un procedimiento que difiere del de las elecciones ordinarias: “¿Saben lo que es capacitar 650 mil jurados en una consulta popular que es muy diferente a una elección ordinaria? Pues requiere unas semanas importantes para estar seguros que esos jurados conocen de manera impecable el proceso”.
Finalmente, el registrador reiteró que aunque la Registraduría está dispuesta a asumir cualquier proceso democrático en el país, estos deben realizarse con tiempo, rigurosidad y bajo el cumplimiento de la ley. Por ahora, todo indica que el 7 de agosto no es una fecha viable para dicha consulta popular.
