La Corte Constitucional se pronunció ayer, 17 de junio, sobre la controvertida reforma pensional promovida por el Gobierno Nacional. Sin embargo, y contrario a lo que muchos han querido hacer creer, la Corte no dijo que la reforma ya esté aprobada ni que haya pasado el examen definitivo. Lo que hizo fue avalar, de manera parcial y preliminar, el trámite legislativo adelantado hasta ahora, aclarando que aún debe continuar su curso en la Cámara de Representantes, y solo después volver a la Corte para su revisión de fondo.
Lo dicho por la Corte no es un punto final, ni siquiera un punto seguido. Es una coma en un proceso aún abierto, y de alto riesgo para el futuro del país. La reforma no ha nacido como ley aún. Está en gestación. Y tras su paso final por el Legislativo, deberá volver al quirófano constitucional, donde se evaluará si está en condiciones de nacer completa, amputada o —por qué no decirlo— si no sobrevive a los rigores del magno examen normativo.
Es inquietante ver cómo desde el Gobierno y algunos sectores afines se ha querido vender la decisión de ayer como una victoria definitiva, como si ya no quedaran barreras que sortear. Se apresuran a celebrarla como un “triunfo histórico” o a proclamarla como “ley consolidada”. Pero no lo es. No aún.
Lo que está en juego no es menor. Se trata de una reforma que reorganiza el sistema pensional en Colombia, afecta el ahorro individual, cambia las reglas del juego para millones de trabajadores y pone sobre los hombros del Estado responsabilidades fiscales de enormes proporciones. Y aunque su objetivo declarado —mejorar la cobertura y proteger a los más pobres— es loable, sus medios y efectos siguen generando dudas legítimas entre expertos, sectores productivos y ciudadanos.
Por eso resulta imprescindible que el Congreso actúe con responsabilidad y sin sometimiento a presiones políticas. Y más aún, que la Corte Constitucional, en su momento, haga una revisión rigurosa, técnica y valiente, como lo exige su papel de guardiana de la Carta Política.
Que no se engañe el país: la reforma pensional aún no ha nacido jurídicamente. A lo sumo, sobrevive como un proyecto en incubadora, que todavía debe completar su formación política y luego someterse a una cirugía constitucional que determinará si está apta para la vida legal, si deberá vivir con mutilaciones o si, sencillamente, será declarada inviable.
Este no es momento de propaganda, sino de debate con fundamento. La Corte ha hablado, sí. Pero lo más importante aún está por venir.
Por: ENRIQUE MORELLI GARCÍA
Periodista y Magister en Derecho Administrativo.
