Por: ENRIQUE MORELLI GARCÍA.
Periodista y abogado Magister en Derecho Administrativo.
En un hecho sin precedentes y cargado de simbolismo inquietante, el presidente Gustavo Petro llevó a la tarima, durante un acto público en Medellín, a varios criminales que actualmente purgan condenas en la cárcel de Itagüí. Alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Vallejo’, ‘El Tigre’ y otros capos del crimen organizado —condenados por homicidio, extorsión, secuestro y concierto para delinquir— fueron exhibidos ante el país como supuestos voceros de una paz urbana que, más que reconciliación, parece una claudicación del Estado frente al delito.
El mensaje es tan claro como perturbador: el crimen se abraza públicamente con el poder. No se trató de una visita humanitaria, ni de una reunión privada con fines de negociación; fue un acto público, transmitido y aplaudido por miembros del gobierno nacional. ¿Qué buscan con esto? Intimidar, enviar una señal de fuerza paralela a los colombianos —en especial a quienes disienten del gobierno— al poner al presidente hombro a hombro con quienes han sometido a plomo y sangre a regiones enteras del país. No hay otro nombre para esto que el de amenaza institucional.
El evento no solo es éticamente inadmisible; también es jurídicamente cuestionable. Según la Ley 65 de 1993, las salidas de personas privadas de la libertad solo pueden realizarse bajo autorización expresa de las autoridades penitenciarias, ya sea por razones judiciales, médicas o mediante programas autorizados. La pregunta que ronda es: ¿bajo qué figura legal salieron estos delincuentes? ¿Hubo orden judicial? ¿El presidente tiene facultades para solicitar o instruir a sus ministros a gestionar esos permisos? Si la respuesta es no, estaríamos frente a posibles irregularidades que merecen investigación penal y disciplinaria, por vulnerar el principio de legalidad y poner en riesgo el orden público.
Lo sucedido obedece a un patrón ya visible y peligroso: Petro no gobierna en democracia, la desdibuja. Incapaz de respetar los límites que impone la Constitución, ha optado por gobernar desde el caos, la confrontación y la provocación. La semana pasada fue la consulta popular; esta semana, la constituyente. Cada nueva narrativa busca desestabilizar el orden institucional, evadir el control del Congreso y fracturar el sistema judicial. Lo que une todos estos intentos es su raíz común: el desprecio por la ley y por las instituciones republicanas, ya sea por ignorancia o, peor aún, por cálculo político.
Mostrar en tarima a criminales condenados no solo legitima su poder ante las comunidades donde sembraron el terror; también puede configurar delitos como abuso de autoridad, perturbación del orden público e incluso favorecimiento ilegal. Es un mensaje de sometimiento del Estado a quienes deberían estar silenciados por la justicia, no empoderados por el Ejecutivo. El presidente, acompañado de su ministro del Interior y su ministro de Justicia, selló con ese acto el pacto simbólico de una democracia arrodillada ante los violentos.
Vienen tiempos oscuros. La intimidación se convertirá en el lenguaje oficial del gobierno, y la violencia será su eco. Quienes piensan distinto serán tratados como enemigos del “cambio”, y no se descarta que esta estrategia de terror simbólico escale a nuevas formas de represión. Colombia está entrando en una fase crítica, donde la defensa de la democracia no será un acto político, sino un deber moral.
Solo Dios, y aquellos que aún creemos en la institucionalidad, en la ley y en la paz sin impunidad, podremos resistir este desmoronamiento. Aún estamos a tiempo, pero no por mucho.
