Hace un año advertí sobre el sombrío panorama del sistema de salud en el Atlántico. Hoy, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado de forma alarmante. La reciente clausura de la UCI del hospital Juan Domínguez Romero de Soledad es apenas una muestra de la crítica realidad que enfrentan las instituciones públicas del departamento.
Este cierre dejó sin atención a la población más vulnerable y forzó al gobernador Eduardo Verano a reconocer, por fin, el fracaso del modelo de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), tras año y medio de silencio frente a las decisiones equivocadas de su antecesora.
La situación es insostenible: contratos onerosos con supuestos aliados que drenan los recursos, escasez de personal, pagos atrasados por meses —o años—, y un déficit que se duplicó en 12 meses, pasando de $70 mil millones a $140 mil millones.
El anuncio de volver al modelo anterior, donde cada hospital operaba de manera independiente, no puede hacerse sin antes responder preguntas urgentes: ¿qué pasará con los contratos de tercerización? ¿Quién los liquidará? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Además, se necesita información clara y pública sobre indicadores básicos: ingresos, cirugías, PQR, salidas voluntarias, facturación, glosas, servicios no facturados, y contratos de personal y bienes.
La salud del Atlántico no puede seguir hundiéndose por decisiones políticas mal orientadas. Las próximas medidas deben centrarse en las necesidades reales de la gente, no en proteger intereses partidistas. Si no hay transparencia ni liderazgo, esta crisis solo se profundizará.
ISABELLA PULGAR MOTA
