Este lunes 28 de julio, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, emitió su fallo en primera instancia dentro del proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario fue juzgado por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal, en un caso que ha generado alta resonancia en el panorama político y judicial colombiano.
Tras una extensa audiencia que se prolongó por casi siete horas, la jueza Heredia determinó que uno de los cargos, el de soborno en actuación penal, quedó plenamente demostrado con base en los elementos presentados por la Fiscalía, específicamente en lo relacionado con el testigo Juan Guillermo Monsalve. En palabras de la magistrada: “Es posible concluir, de la mano de la Fiscalía, que quedó suficientemente acreditada la materialidad de la conducta punible de soborno en actuación penal respecto del testigo Juan Guillermo Monsalve”.
El juicio, uno de los más mediáticos de los últimos años en Colombia, ha estado marcado por múltiples tensiones y denuncias de supuestas presiones provenientes de diversos sectores. La jueza Heredia asumió el caso en abril de 2024, mediante reparto, convirtiéndose en la responsable de dar continuidad a un proceso que ha captado la atención nacional e internacional.
Aunque el fallo aún se encuentra en etapa de lectura, se anticipa que la defensa de Uribe interpondrá recurso de apelación. De ser así, será el Tribunal Superior de Bogotá quien tendrá la responsabilidad de revisar la decisión, con un plazo límite hasta octubre de 2025 antes de que el caso prescriba.
Además, los abogados del exmandatario no descartan acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación, lo que abriría la posibilidad de que el proceso se prolongue en una última instancia, reiniciando los términos legales correspondientes.
Cabe señalar que, según el artículo 444 del Código Penal Colombiano, el delito de soborno en actuación penal conlleva una pena que oscila entre los 6 y 12 años de prisión. Aunque la condena aún no se ha emitido, este fallo en primera instancia representa un momento crucial en el curso del proceso judicial contra el expresidente Uribe.
