¿Dónde están los $1.500 millones que la Gobernación del Atlántico debía destinar en 2024 al subsidio de transporte para estudiantes universitarios de municipios que viajan todos los días a Barranquilla?
La administración de Eduardo Verano no puede seguir hablando de juventud, desarrollo y oportunidades mientras incumple lo esencial: garantizar que esos jóvenes puedan siquiera llegar a clase. No hay nada más cínico que llenarse la boca con discursos sobre inclusión mientras se deja tirada a una generación que pelea por educarse.
El 24 de octubre de 2024, la Subsecretaría de Presupuesto certificó que esos $1.500 millones estaban aprobados y destinados al subsidio. La Gobernación lo ratificó en una respuesta a una tutela. Los documentos existen. Los recursos estaban. ¿Qué pasó?
Lo más grave es que en 2024 no solo no se entregó ni un peso, sino que la misma administración, a través de la Gerencia de Capital Social, respondió por escrito que “no fue posible realizar la asignación presupuestal correspondiente”. ¿Cómo así que no fue posible? ¿Dónde quedó la voluntad política? ¿Dónde está el compromiso con la educación?
Estas no son dudas menores, señor Verano. Son preguntas que exigen respuestas públicas, no evasivas ni silencios:
• ¿Por qué se certificaron recursos en 2024 y luego se negó su existencia en 2025?
• ¿Se ejecutaron o no esos $1.500 millones? Si no, ¿quién bloqueó su uso?
• ¿Cuántos estudiantes abandonaron o dejaron de iniciar sus estudios por esta falla institucional?
• ¿Quién responde? ¿Alguien se hará cargo del daño?
La Asamblea del Atlántico aprobó en 2023 la Ordenanza 593, que creó el subsidio de transporte para estudiantes de municipios. Fue una promesa de alivio para familias que se sacrifican todos los días para que sus hijos puedan llegar a la universidad. Promesa que hoy está rota. Y basta mirar los números para entender la magnitud del abandono: un solo pasaje desde Luruaco cuesta $14.200; desde Santa Lucía, $15.800; desde Campo de la Cruz, $14.000. Duplique eso por el regreso. Súmele transporte urbano dentro de Barranquilla. Así se vuelve inalcanzable estudiar.
Y lo peor: el artículo 9 de la Ordenanza exige que la Gobernación rinda informes semestrales sobre la implementación del subsidio. Hasta hoy, ni uno solo ha sido publicado. ¿Qué están escondiendo?
Esto no es un error técnico. Es una decisión política. Es abandono, negligencia y desprecio por los jóvenes que más lo necesitan. Son recursos públicos que no llegaron a quienes debían. Es corrupción, si se prueba que el dinero se desvió. Es indolencia, si simplemente se dejó vencer el tiempo. En cualquier caso, es inaceptable. Eduardo Verano debe responder. Ya no con promesas ni con frases hechas. Con explicaciones concretas, con documentos, con hechos. Porque mientras usted habla de futuro, cientos de jóvenes hoy caminan bajo el sol para ir a clase, endeudan a sus padres, o simplemente dejan de estudiar. Eso no es olvido. Es una forma de violencia institucional.
ISABELLA PULGAR MOTA
