El modelo de salud que en 2021 impuso a los atlanticenses la entonces gobernadora Elsa Noguera —fusionando los hospitales Cari y Niño Jesús de Barranquilla, Juan Domínguez Romero de Soledad y el Departamental de Sabanalarga en la cuestionada ESE Universitaria del Atlántico (UNA)— terminó siendo un fracaso total. Más que un error, todo apunta a un plan calculado que derivó en un multimillonario negocio para unos pocos, mientras el servicio público de salud se deterioraba gravemente.
Tengo una teoría: desde el principio, el propósito fue desangrar a la recién creada UNA hasta dejarla en estado de postración. Al final, como siempre, es el Estado —en este caso la Gobernación del Atlántico— el que debe salir a cubrir el déficit para rescatar las instituciones y garantizar la atención en salud.
La comparación puede sonar dura, pero la UNA se parece al Taenia solium, la llamada lombriz solitaria. Así como este parásito absorbe todos los nutrientes de quien lo padece, el dinero de la salud en el Atlántico se desvanece en un modelo que nació en la administración pasada y hoy sigue avanzando con el silencio cómplice del actual gobernador, Eduardo Verano De la Rosa.
Por eso, además de los correctivos que debe implementar el gerente interventor designado por el gobierno nacional, los organismos de control —Fiscalía, Procuraduría y Contraloría— tienen la obligación de investigar a fondo. No se puede ignorar quiénes firmaron contratos por más de un billón de pesos en áreas como UCI, laboratorios, farmacias y alimentación, con vigencias que se extienden hasta 2037, mientras los hospitales públicos carecen de lo más básico.
No sería la primera vez que el Estado debe salir a tapar el hueco financiero de la red hospitalaria del Atlántico. Ya en 2004 se liquidó el Hospital Universitario y, en 2006, se le cambió el nombre a Cari ESE, con ajustes administrativos para reposicionarlo como centro de referencia departamental, especializado en alta complejidad y salud mental.
DIPUTADA ISABELLA PULGAR MOTA
