El dolor de las víctimas no admite más dilaciones. El Atlántico clama por verdad, justicia y dignidad.
Las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, Mujeres Buscadoras, defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – Capítulo Atlántico y de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) – Nodo Caribe, alzamos nuestra voz para denunciar la falta de resultados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la inacción de las autoridades territoriales frente a esta grave situación.
Cada 30 de agosto, el mundo recuerda a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias, quienes llevan décadas reclamando verdad, justicia y dignidad. En Colombia, y particularmente en el departamento del Atlántico, este flagelo sigue dejando huellas profundas de dolor e impunidad y la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en el departamento, especialmente en: municipios ribereños del Canal del Dique (Suan, Santa Lucía, Manatí, Campo de la Cruz, Repelón, Candelaria, Luruaco), el Área metropolitana de Barranquilla (Soledad, Sabanalarga, Santo Tomás) y la Zona centro-sur (Baranoa y Sabanalarga).
De acuerdo con cifras oficiales de la UBPD, en el Atlántico se registran 963 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, tras siete años de funcionamiento de la oficina regional en Barranquilla, los avances son mínimos:
- 3 cuerpos recuperados.
- 3 entregas dignas realizadas.
- 3 personas encontradas con vida.
- Más de 300 familias con solicitudes sin respuesta efectiva.
Estos resultados no solo reflejan la falta de eficacia institucional, sino que constituyen una nueva forma de revictimización para cientos de familias que continúan esperando respuestas o escasas acciones que permitan dar una respuesta real. Un ejemplo es un caso que no ha podido encontrar respuesta en el marco de la búsqueda a saber:
➤ Caso emblemático: familia Santana Páez
En diciembre de 2001, Ludis Santana Páez y dos de sus hermanos desaparecieron en la vía Palmar – Tasajera (Magdalena–Atlántico), aunque uno de los cuerpos fue hallado en 2002 en el río Magdalena, hasta la fecha la UBPD no ha esclarecido el paradero de los demás, ignorando incluso los testimonios de paramilitares que han señalado posibles destinos de las víctimas.
Exigencias de las organizaciones
i. Que la UBPD priorice al Atlántico y a la región Caribe en sus planes de búsqueda, con especial atención a ríos, caños y ciénagas.
ii. Que se adopten mecanismos de articulación interinstitucional con la Fiscalía, Medicina Legal y demás entes de control, garantizando resultados verificables.
iii. Que la comunidad internacional y la OACNUDH acompañen de cerca el proceso para evitar que la inacción estatal prolongue la impunidad.
ANEXO TÉCNICO
Comparativo Atlántico oficina UBPD vs. Cifras Nacionales UBPD
La comparación evidencia un rezago grave en el Atlántico frente a los resultados nacionales, mientras en el país se han logrado 941 recuperaciones y 131 entregas dignas en 2024, en el departamento del Atlántico apenas se registran 3 cuerpos recuperados y 3 entregas desde 2018; esta brecha refuerza la necesidad de priorizar la región Caribe en los planes de búsqueda para resultados concretos, articulación interinstitucional y transparencia en la búsqueda de personas desaparecidas que vienen realizando las organizaciones de víctimas como el Movice, CCEEU Nodo Caribe y familias buscadoras.
Recomendaciones operativas
- Priorización territorial inmediata: Mapear los municipios con mayor número de casos pendientes e iniciar prospecciones diferenciadas.
- Fortalecimiento de capacidades forenses y logísticas: Implementar equipos especializados en búsqueda acuática y coordinación efectiva con Fiscalía y Medicina Legal.
- Mecanismos de transparencia y seguimiento: Publicar informes por municipio, garantizar comunicación constante con las familias y organizaciones.
- Articulación interinstitucional: Coordinar acciones entre UBPD, Fiscalía, JEP, Medicina Legal, UARIV, Policía y autoridades locales bajo protocolos comunes.
- Acompañamiento psicosocial y protección a las familias: Evitar nuevas revictimizaciones y garantizar atención integral.
- Actualización de los sistemas de información como el CIRDEC.
Las familias buscadoras y las organizaciones de víctimas reiteramos “sin verdad y sin resultados, la desaparición forzada seguirá siendo una herida abierta en el Atlántico y en Colombia”.
