El Ministerio de Salud y Protección Social pone en conocimiento de la opinión pública que, la ponencia alternativa de la reforma a la salud radicada esta semana:
- Mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo colombiano por parte de las EPS, pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con hospitales, clínicas y proveedores.
- El Consejo Nacional de Salud sustituye funciones constitucionales del Ministerio de Salud, pasando de ser un órgano consultivo a definir temas clave como el plan de beneficios, tecnologías y la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
- El Estado financiará el patrimonio de privados a través de la UPC, que dejaría de ser un mecanismo para garantizar servicios y tecnologías en salud, convirtiéndose en un instrumento para fortalecer patrimonios privados (Art. 16, Ponencia Alternativa).
- La validación del cálculo de la UPC quedará en manos de una universidad extranjera, lo que resta autonomía al país (Art. 16, Ponencia Alternativa).
- Privilegia a EPS insolventes, premiándolas con el pago de sus deudas por más de 60 billones de pesos en los próximos 5 años con recursos de impuestos y un punto del PIB.
- Chequera ilimitada a las EPS, obligando al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto (Art. 17, Ponencia Alternativa).
- Niega el régimen especial de protección a trabajadores de la salud, manteniendo la precariedad laboral.
- Quita recursos para el pago por maternidad a mujeres no cotizantes, dejando sin apoyo a más de 300 mil madres vulnerables y sus hijos.
- No habrá pago directo a clínicas, hospitales y proveedores, manteniendo el poder de decisión en manos de las EPS.
- Se destruye la atención primaria, obligando al Gobierno a buscar más recursos sin modificar los privilegios de las EPS, incumpliendo leyes vigentes como la 1751 de 2015 y la 1438 de 2011.
- Se elimina la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, dejando en riesgo a la mayoría de hospitales públicos.
- Desconoce la autonomía territorial y la descentralización, delegando a las EPS la organización de redes, lo que elimina la libre elección de los pacientes (Art. 26, Ponencia Alternativa).
- Mantiene la integración vertical, sin prohibición efectiva (Art. 26, Ponencia Alternativa).
- Continúa la discriminación entre regímenes contributivo y subsidiado, incumpliendo la Sentencia T-760/08.
- Elimina las unidades zonales de planeación y evaluación en salud, debilitando el manejo eficiente de recursos, la atención primaria y el fortalecimiento de laboratorios públicos.
El Ministerio de Salud y Protección Social advierte que estos son solo algunos de los retrocesos de la ponencia alternativa y reafirma que seguirá insistiendo en una reforma que ponga la vida de las personas en el centro, garantice el uso transparente y eficiente de los recursos y materialice el derecho fundamental a la salud.
