Carlos Diago Abello, quien fue miembro de la junta consultiva de
Electricabe, hoy en liquidación, dijo enfáticamente que nunca
conoció la existencia de una cláusula en contrato alguno que
obligara a los usuarios a pagar las pérdidas de energía.
El pronunciamiento lo hizo en el programa de televisión
Termómetro que dirige Víctor López Aroca en CTV Barranquilla y se
debió a que las dos empresas operadoras Air-e y Afinia han
señalado que en el contrato suscrito por el Gobierno con las dos
compañías quedó una cláusula en el sentido de que las pérdidas
técnicas o negras, es decir el robo de energía que está en el 31 por
ciento, lo tienen que pagar los usuarios que no roban energía.
“Yo tengo mis serias dudas porque cada vez que solicitamos que el
contrato se develara, la respuesta de la Superintendencia de
Servicios Públicos fue que había un acuerdo de confidencialidad a
tal grado que hoy no sabemos cuánto fue el ingreso real que tuvo la
nación por concepto de la venta de los activos”, dijo Carlos Diago
Abello.
El experto señaló que no es posible que los usuarios paguen las
deudas porque el artículo 87 de la Ley 142 es claro cuando señala
que: “Por eficiencia económica se entiende que las formulas
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios una gestión ineficiente
ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia”.
Al respecto, “Carlos Diago explicó que: “la gestión ineficiente de
reducción de pérdidas no debe ser trasladado a los usuarios. O sea
lo que todos sentimos está plasmado en la ley”.
El experto también cita el artículo 94, el cual señala que: “De
acuerdo a los principios de eficiencia y suficiencia financiera, no se
permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La
recuperación se debe hacer exclusivamente con nuevos capitales
de los socios o con cargo a la reserva de las empresas o a sus
niveles de utilidades”.
Sobre la posibilidad de que se reduzcan las tarifas de energía, el
experto en materia energética dijo que lo ve bastante viable por
cuanto el mecanismo del proceso contempla unas evaluaciones
semestrales y anuales que están pendientes de hacerse. “Ya en
septiembre se van a cumplir dos años de la entrada en operación
de las dos empresas que remplazaron a Electricaribe”.
Las condiciones que se establecieron fueron la reducción de
pérdidas y una mejora en la calidad del servicio. “Quien sea
designado el nuevo superintendente de servicios públicos
encontrará como afectaciones retroceder los costos de las tarifas, o
sea que es posible que una de las medidas que tiene a su
escogencia la Superservicios es retrotraer el valor de la tarifa”, dijo.
Y agregó que: “Ha habido unos informes de avances porque la
Superservicios le dio un plazo que no puede sobrepasar demasiado
porque el alza de las tarifas ha sido desmedida. El alza efectiva
inició en agosto y aplicando un incremento anual del 40 por ciento
medido de agosto a agosto. No hay bolsillo, no hay empresa, no hay
hogar que aguante ese incremento desmedido cuando la inflación
será el 10 por ciento”.
Carlos Diago indicó que él espera que el nuevo gobierno levante la
cláusula de confidencialidad del contrato con las dos empresas y
conocer en detalle qué fue lo que se negoció.
