El anuncio de una tregua entre los jefes criminales Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno José Palomino, realizada desde la cárcel La Picota de Bogotá y con vigencia hasta enero de 2026, sigue generando debate en distintos sectores. Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, investigador y analista experto en temas de seguridad y en procesos de paz en Colombia, quien manifestó a Extra Noticias y Radio Tropical un análisis crítico de lo pactado.
Trejos comenzó señalando que mantiene un “optimismo moderado” frente a lo ocurrido, resaltando que la tregua puede traducirse en vidas salvadas, aunque también dejó ver múltiples interrogantes sobre la manera en que el proceso fue conducido. “Yo creo que la noticia es importante en la medida en que estamos hablando de vidas que se van a salvar durante un tiempo limitado. Pero también quedan muchas preguntas en el aire”, indicó.
Uno de los puntos que más inquietud le genera es la ausencia de autoridades locales en los anuncios oficiales. “Lo primero es que hay que aclarar que el hecho de que no hayan participado ni la alcaldía ni la gobernación en el evento o en el acto que hubo ayer en la ciudad de Bogotá pareciera insinuar que esta paz va a tener un objetivo político electoral en el año 2026”, advirtió, al tiempo que enfatizó que lo alcanzado está lejos de ser un verdadero proceso de paz.
En ese mismo sentido, Trejos sostuvo que el acuerdo es apenas un apaciguamiento momentáneo de la violencia y no un camino real hacia el desarme. “Todavía estamos lejos de un proceso de paz que conduzca al desarme y desmovilización de estas organizaciones armadas, teniendo en cuenta que hoy por hoy no hay un marco jurídico que regule el sometimiento a la justicia de este tipo de estructuras”, explicó. Según él, lo que se negocia con los cabecillas sería una reducción de la violencia a cambio de beneficios particulares, como traslados a centros de reclusión en Barranquilla e incluso su eventual designación como gestores de paz.
El académico también alertó sobre el uso político que podría derivarse de esta tregua en un año electoral. “Efectivamente, por eso yo te decía que esto es una paz electoral en la medida en que en enero seguramente una de las narrativas que se va a construir es que tuvimos el fin de año más pacífico de los últimos diez años más o menos y se logró fue gracias a la intervención del gobierno nacional por medio de su paz total”, apuntó, advirtiendo que ese discurso podría ser capitalizado políticamente en las elecciones de 2026.
Finalmente, Trejos cuestionó la falta de garantes sólidos en el proceso y la exclusión de la oferta institucional local. “Todavía no se sabe bien qué veeduría van a hacer y sobre qué puntos. Algo que sí llama la atención es que quienes aparecen como los facilitadores por parte del gobierno nacional es la Dirección Nacional de Inteligencia y no la Oficina del Alto Comisionado”, indicó. Además, recordó que la entrada en vigencia de la ley de garantías en noviembre limitará la capacidad de inversión del Gobierno, lo que abre la duda sobre cómo se financiarán las acciones para desvincular a jóvenes de la criminalidad.
