El Ministerio de Educación Nacional emitió una medida conminatoria dirigida al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad del Atlántico, ordenando suspender los puntos 3 y 4 del orden del día de la sesión extraordinaria convocada para este lunes 27 de octubre, donde se tenía previsto tratar las recusaciones y elegir al nuevo rector de la institución para el periodo 2025–2029.
El documento, firmado por Harold Antonio Hernández Molina, subdirector encargado de Inspección y Vigilancia del Ministerio, advierte que la decisión se toma ante una serie de presuntas irregularidades en el proceso de elección rectoral, entre ellas la falta de respuesta de la Procuraduría General de la Nación a las recusaciones presentadas contra varios miembros del CSU y el procurador regional del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins, así como la ausencia de una decisión judicial sobre tutelas interpuestas por algunos candidatos.
Según el oficio, el Ministerio también requirió explicaciones al Consejo Superior sobre la habilitación del aspirante Leyton Daniel Barrios Torres, quien presuntamente no cumpliría con los requisitos establecidos en el Acuerdo Superior No. 000001 de 2021. Sin embargo, la Universidad del Atlántico no ha remitido respuesta a dicha solicitud.
Además, tres ciudadanos —Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez— interpusieron acciones de tutela contra la universidad, pidiendo suspender la sesión de elección del rector hasta que el Ministerio se pronuncie formalmente sobre el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes.
A pesar de estos antecedentes, el presidente del CSU, Eduardo Verano De la Rosa, convocó a una sesión presencial extraordinaria en la Gobernación del Atlántico. Para el Ministerio, esta decisión desconoce el deber legal de suspender actuaciones mientras existan recusaciones sin resolver, afectando la transparencia y legalidad del proceso.
La cartera educativa advirtió que incumplir la medida podría acarrear sanciones administrativas y multas sucesivas conforme a lo dispuesto en la Ley 1740 de 2014.
En conclusión, el Ministerio ordenó expresamente abstenerse de discutir o aprobar los puntos relacionados con las recusaciones y la designación del rector hasta que se resuelvan los procesos pendientes ante la Procuraduría y la justicia ordinaria.
