El exconcejal de Soledad Bryan Orozco solicitó a la administración
municipal suspender la licitación para escoger el operador de los
servicios de acueducto y alcantarillado de Soledad ya que quedaría
expuesto a una millonaria indemnización si avanza el proceso y se
contrata el operador.
“hace pocos días la procuraduría se pronunció sobre la
improvisación y ahora la Gobernación del Atlántico presenta una
demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de
determinar la validez del Acuerdo que permitió la apertura de la
licitación de un nuevo operador de acueducto en Soledad”, dijo el
exconcejal
El dirigente político señaló que la Gobernación comparte las
apreciaciones que él ha esbozado sobre la legalidad del acuerdo
donde no se le podía dar facultades al alcalde porque no cumplía
los requisitos de ley.
“No hay que temer que el Municipio se va a quedar sin el servicio
de agua porque en el peor de los casos tendría que prorrogársele a
la Triple A el contrato mientras se plantea un nuevo proceso
planificado, pero todo depende de la decisión que adopte el
alcalde”, afirmó.
El concejal Orozco hizo un llamado a la Procuraduría y a la
Contraloría para que hagan los respectivos controles de advertencia
y preventivos “porque este es un proceso totalmente improvisado
que lo único que va a generar es un incremento tarifario y un
desmejoramiento de los servicios”.
Y agregó que: “No se puede improvisar trayendo un operador
nuevo cuando el municipio no tiene nada que entregar porque no
tenemos acueducto y nos tocaría comprar agua en bloque, bajo
qué esquema tarifario, que tampoco nadie lo conoce”.
Indicó que ahora hay un choque entre la Gobernación, la Alcaldía, y
la Procuraduría. De acuerdo con el documento de la Gobernación,
la acción de esta fue interpuesta contra la Alcaldía de Soledad y se
solicita que se vincule al mismo al alcalde Rodolfo Ucrós, al
personero y al presidente del Concejo, “así como a las demás
entidades y/o personas que se consideren”.
La Gobernación, en los argumentos de la demanda, expone que el
Acuerdo firmado para tal fin “desconoce” las exigencias
establecidas para el compromiso de vigencias futuras.
Precisa que al tratarse de vigencias que superan el periodo del
mandatario, que finaliza en diciembre de 2023, “se requiere una
declaratoria de importancia estratégica”. Sin embargo, no se pudo
corroborar dicho trámite al no comprobarse que se hayan
adjuntado los correspondientes estudios técnicos.
