En el área metropolitana de Barranquilla se viene evidenciando una preocupante asimetría en la aplicación de los controles por parte de las autoridades de tránsito y transporte. Mientras el servicio de transporte individual tipo taxi continúa siendo objeto de rigurosas inspecciones, sanciones y exigencias normativas, el transporte no autorizado —en especial aquel realizado por vehículos de transporte especial y particulares que operan a través de plataformas tecnológicas— avanza sin mayor restricción, configurando una situación de evidente competencia desleal y una omisión institucional en el cumplimiento de las funciones de control.
El transporte público individual ha sido históricamente un servicio formalmente regulado, sujeto a múltiples obligaciones técnicas, administrativas y contractuales. Los conductores y las empresas deben cumplir con requisitos estrictos para operar, tales como revisiones periódicas, pólizas de responsabilidad, tarjetas de control y cumplimiento de las tarifas oficiales. Sin embargo, el mismo rigor no se aplica a quienes, bajo el amparo de figuras como el “transporte especial” o el uso de plataformas tecnológicas, prestan un servicio idéntico al taxi, pero sin la carga regulatoria correspondiente.
Esta situación refleja una omisión por parte de las autoridades metropolitanas en el ejercicio de sus funciones de control. El transporte especial tiene un marco normativo claro que delimita su operación al traslado de grupos específicos y bajo contrato previo, no al transporte individual de pasajeros en las ciudades. No obstante, hoy en Barranquilla y su área metropolitana se observa la proliferación de estos vehículos realizando servicio puerta a puerta, sin control alguno, ni verificación de contratos, itinerarios o listas de usuarios, como lo exige la ley.
A ello se suma la expansión de las plataformas tecnológicas que intermedian el transporte en vehículos particulares. Aunque se presentan como simples herramientas digitales, en la práctica constituyen empresas que ofrecen transporte público sin autorización, afectando directamente al gremio de taxistas y a la seguridad de los usuarios. Paradójicamente, mientras las autoridades sancionan a los conductores de taxi por infracciones menores o por supuestos incumplimientos administrativos, muestran una notoria pasividad frente a la circulación masiva de vehículos no habilitados.
El principio de igualdad ante la ley debe ser la base de cualquier política pública en materia de transporte. No puede haber un sector sobrecontrolado y otro sin control alguno, cuando ambos realizan la misma actividad. El Estado tiene la obligación de garantizar un entorno regulatorio equilibrado, en el que todos los actores compitan en condiciones justas y bajo el cumplimiento de las normas que protegen al usuario, al conductor y a la ciudad.
En consecuencia, es urgente que las autoridades de tránsito y transporte del área metropolitana de Barranquilla asuman su responsabilidad institucional y apliquen los controles correspondientes a todos los prestadores del servicio, sin excepciones ni privilegios. El fortalecimiento del transporte legal no pasa únicamente por nuevas regulaciones, sino por hacer cumplir las existentes con equidad y coherencia.
Hernando Galofre M.
Vicepresidente de Conaltaxis Capítulo Barranquilla.
