La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca imponer una medida cautelar para suspender los giros que el Estado colombiano se comprometió a realizar a Portugal dentro del cuestionado contrato para la fabricación de los pasaportes.
La petición fue presentada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, quien anexó un documento de ocho páginas a la demanda que ya cursa en el Tribunal contra el convenio firmado entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
El Ministerio Público insiste en que el Gobierno no adelantó una licitación pública para escoger al proveedor europeo, razón por la cual busca que el acuerdo sea anulado. Ahora, mientras avanza el proceso, pide que se congelen los pagos pactados.
Según la demanda, la Cancillería —a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores— adquirió el compromiso de desembolsar más de 1,3 billones de pesos, pese a lo que la Procuraduría calificó como una “deficiente estructuración económica del convenio”. Esa situación, asegura, pone en riesgo el patrimonio público y la adecuada prestación del servicio.
Actualmente, la emisión de pasaportes sigue en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que ha mantenido el contrato a pesar de los intentos del presidente Gustavo Petro y de varios de sus ministros de Exteriores por cambiar de operador. En agosto, la Cancillería declaró por segunda vez la urgencia manifiesta para extender las funciones de la compañía hasta abril de 2026, mientras se define el futuro del convenio con Portugal, hoy bajo revisión del Tribunal Administrativo.
