El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el objetivo de enfrentar el déficit de 16 billones de pesos que presenta el presupuesto del próximo año.
Según el decreto, la emergencia tendrá una vigencia de 30 días calendario, periodo durante el cual el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley, principalmente para la creación de nuevos impuestos y tributos que permitan cerrar el hueco fiscal.
“Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario”, señala el documento presidencial, en el que también se autoriza al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias “destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.
Sin impuestos específicos, por ahora
Contrario a lo que se esperaba inicialmente, el decreto no establece impuestos concretos. Esto se debe a que, según el procedimiento constitucional, primero debe declararse el estado de excepción y posteriormente desarrollarse mediante decretos legislativos que sí tendrán contenido tributario y vigencia de hasta un año.
Tanto la declaratoria de emergencia como los decretos que se expidan deberán pasar por control automático de la Corte Constitucional y por la revisión política del Congreso de la República. De hecho, el texto ordena convocar al Congreso diez días después de finalizada la emergencia para que ejerza el respectivo control político.
Corte Constitucional estudia su viabilidad
La Corte Constitucional evalúa la posibilidad de reunirse de forma extraordinaria para estudiar la legalidad del decreto. Ante las dudas sobre una posible inconstitucionalidad, se ha planteado incluso la opción de suspender provisionalmente sus efectos, dado que la emergencia permitiría el cobro de impuestos que se presumen legales mientras se decide de fondo su constitucionalidad.
Las razones de la emergencia
En el decreto, el Gobierno expone varios argumentos para justificar la medida. El primero es el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional que ordena aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Aunque el Ejecutivo se había resistido a cumplir esta orden —lo que derivó en un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo— ahora la utiliza como uno de los fundamentos para la emergencia.
El segundo argumento es la compleja situación de orden público en regiones como Cauca, Cesar y Norte de Santander, así como la necesidad de reforzar los esquemas de seguridad de los candidatos en medio del contexto electoral. Según el Gobierno, estos factores implicarían un gasto cercano a 3,7 billones de pesos.
Finalmente, el Ejecutivo menciona el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, un escenario que ya había sido advertido por la oposición y por sectores mayoritarios del Senado, y que, según el Gobierno, agravó la situación fiscal del país.
