Las organizaciones Mesa Académica Nacional Convivencia Familia – Educación (MANCFE), la Mesa Departamentales Rectores Colegios Privados y Representantes de Padres de Familia, en representación de los jardines infantiles, preescolares y colegios del sector privado del país, se permiten manifestar a la opinión pública y al Gobierno Nacional su profunda preocupación, desacuerdo y alerta institucional frente al incremento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente, recientemente decretado.
Desde la organización MANCFE, la Mesa Departamentales Rectores Colegios Privados y Representantes de Padres de Familia, reiteramos nuestro compromiso con la dignificación del trabajo y la protección de los derechos laborales. No obstante, advertimos con absoluta responsabilidad que este incremento salarial, en los términos en que fue definido, desconoce la realidad económica del sector educativo privado, rompe cualquier principio de proporcionalidad y pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera, la estabilidad laboral y la continuidad del servicio educativo, especialmente en los niveles de educación inicial y básica.
1. Desconexión entre ingresos y costos del sector educativo privado
Es indispensable que el país tenga claridad sobre las condiciones reales en las que opera el sector:
- El incremento autorizado por el Gobierno Nacional para matrículas y pensiones del sector privado fue, en promedio, del 7 %, muy por debajo del aumento salarial decretado.
- Cerca del 85 % de los jardines infantiles y colegios privados atienden población de los estratos 1, 2 y 3, y una proporción significativa del estrato 4.
- En este contexto, el salario mínimo constituye el principal referente salarial del sector, no por falta de voluntad, sino por limitaciones estructurales de ingresos.
Este escenario genera un desequilibrio financiero severo, en el cual los egresos crecen más de tres veces por encima de los ingresos autorizados, haciendo materialmente imposible sostener la operación bajo las mismas condiciones.
2. Impacto directo en el empleo y la calidad educativa
El incremento decretado tendrá consecuencias inmediatas y profundas, entre ellas:
- Reducción de personal administrativo y de servicios generales.
- Contratación por medio tiempo o disminución de jornadas laborales.
- Aumento de la carga laboral del personal docente.
- Reducción de la jornada escolar y de servicios complementarios.
- Aumento de la informalidad educativa y laboral, reflejada en la utilización de contratos de prestación de servicios con docentes y personal administrativo, en lugar de contratos de trabajo, como mecanismo de supervivencia financiera de las instituciones.
- Aumento de la informalidad educativa, especialmente en educación inicial.
- Cierre definitivo de jardines infantiles y colegios legalmente constituidos, principalmente en sectores populares.
En el caso de la educación inicial y preescolar, este impacto es aún más grave. La normativa y la calidad educativa exigen una baja relación entre docentes y niños, condición indispensable para la atención integral, el cuidado y la seguridad de la primera infancia. El incremento salarial imprevisto altera radicalmente la estructura de costos, impidiendo que las instituciones operen bajo los estándares requeridos.
3. Riesgo social y educativo
El cierre de instituciones legales y formales no solo afecta a los empleadores, sino que:
- Deja a miles de niños sin acceso a educación inicial y básica cercana a sus hogares.
- Obliga a las familias a recurrir a servicios informales, sin supervisión ni garantías de calidad.
- Destruye empleo formal y promueve la precarización laboral que se pretende combatir.
Desde MANCFE, la Mesa Departamentales Rectores Colegios Privados y Representantes de Padres de Familia, alertamos que fortalecer el ingreso de unos trabajadores no puede lograrse a costa de la desaparición de miles de empleos formales ni del colapso de un sector esencial para el desarrollo social del país.
4. Llamado urgente al Gobierno Nacional
La organización MANCFE, la Mesa Departamentales Rectores Colegios Privados y Representantes de Padres de Familia, hace un llamado urgente, técnico y prescriptivo al Gobierno Nacional para que adopte medidas concretas e inmediatas que permitan mitigar el impacto del incremento salarial en el sector educativo privado, entre ellas:
- Implementar un esquema de subsidio temporal a la nómina para jardines infantiles y colegios privados que atienden población de los estratos 1, 2 y 3, mientras se ajusta de manera gradual la estructura de ingresos del sector.
- Otorgar alivios en cargas parafiscales y aportes patronales, de forma transitoria, para las instituciones educativas privadas legalmente constituidas, con el fin de preservar el empleo formal y evitar despidos masivos.
- Establecer un mecanismo de gradualidad en la aplicación del incremento salarial, que permita su implementación progresiva y acorde con el incremento autorizado en matrículas y pensiones.
- Crear un fondo de compensación sectorial, dirigido a jardines infantiles y preescolares, dada su alta intensidad en mano de obra y la obligatoriedad de mantener bajas relaciones niño–docente.
- Diseñar líneas de apoyo financiero y crediticio con tasas preferenciales, orientadas exclusivamente a la sostenibilidad de las instituciones educativas que operan bajo ingresos regulados.
- Revisar y armonizar la política de incremento salarial con la regulación de tarifas educativas, de manera que no se profundice el actual desequilibrio entre ingresos y egresos.
Adicionalmente, solicitamos de manera expresa al Gobierno Nacional la derogatoria del Decreto que establece el incremento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente, al considerar que dicho aumento, en los términos decretados, vulnera los derechos de todo el sector educativo, afecta la sostenibilidad institucional, promueve la informalidad laboral y pone en riesgo el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en el país.
Estas medidas no constituyen privilegios sectoriales, sino acciones necesarias para proteger el derecho a la educación, la formalidad laboral y la estabilidad de miles de instituciones que cumplen una función social esencial.
El sector educativo privado cumple una función social insustituible, especialmente en los territorios donde el Estado no alcanza a cubrir la demanda educativa. Su debilitamiento representa un retroceso social, no un avance.
MANCFE, la Mesa Departamentales Rectores Colegios Privados y Representantes de Padres de Familia, reiteran su disposición al diálogo técnico, responsable y constructivo, en defensa de la educación, el empleo formal y la sostenibilidad de las instituciones que educan a millones de niños y jóvenes en Colombia.
