El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, decretado por el Gobierno Nacional en un 23 %, comienza a generar efectos colaterales en distintos sectores del país, especialmente en el educativo privado. Así lo advirtió Zulma Morán, representante de la Mesa Académica Nacional de Convivencia, Familia y Educación, durante una entrevista exclusiva concedida a Extra Noticias, Radio Tropical y Transmeccan Radio.
Morán explicó que históricamente ha existido un equilibrio entre el incremento del salario mínimo y el ajuste anual de las pensiones educativas. No obstante, señaló que para este año las instituciones educativas solo tuvieron autorización para aumentar entre un 7 % y casi un 9 % sus costos, lo que contrasta fuertemente con el alza salarial decretada por el Gobierno.
Según la vocera, el aumento del salario mínimo tomó por sorpresa al sector educativo privado, generando un desajuste financiero que impacta directamente en la sostenibilidad de colegios y jardines infantiles. Este desequilibrio, afirmó, está afectando los procesos internos de las instituciones y la calidad del servicio educativo que se presta a estudiantes y familias.
Frente a este panorama, Morán manifestó que el sector requiere una revisión urgente por parte del Gobierno Nacional. A su juicio, una reducción en el porcentaje del aumento salarial sería clave para evitar una crisis mayor, ya que muchos establecimientos educativos no cuentan con la capacidad financiera para asumir estos nuevos costos operativos.
La representante también alertó sobre una problemática que ya se viene presentando en el país: el cierre progresivo de colegios y jardines infantiles. Indicó que la disminución en la calidad educativa y la baja matrícula han debilitado al sector, situación que podría agravarse con el actual incremento salarial y el limitado margen de ajuste en las pensiones.
Finalmente, Morán precisó que cerca del 75 % de los jardines infantiles y colegios del país operan bajo esquemas salariales ligados al salario mínimo. En ese contexto, advirtió que la diferencia entre los ingresos que reciben las instituciones y los costos adicionales que ahora deben asumir podría obligar al cierre de numerosos jardines infantiles y colegios, afectando no solo al sector educativo, sino también a miles de familias colombianas.
