🚨#AlertaEnElCaribe
Barranquilla vuelve a quedar en el centro de una discusión nacional que mezcla inseguridad, política y zozobra entre la ciudadanía. El traslado confirmado a la capital del Atlántico de reconocidos cabecillas de las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, como alias ‘Castor’, Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’, ha generado una reacción inmediata de autoridades locales, congresistas y sectores ciudadanos que advierten sobre los riesgos de una decisión que no pasa inadvertida en un año de alto voltaje político: las presidenciales se acercan y con ellos movimientos en el tablero de ajedrez que generan incertidumbre y desempolvan polémicas que marcaron crucialmente la campaña del 2022. El ‘Pacto de la Picota’ traduce remembranza a las crónicas de una muerte anunciada con el traslado de estas figuras criminales.
La preocupación no es menor. De acuerdo con información revelada por la revista Semana, los nombres de estos jefes criminales figuran en resoluciones y procesos administrativos que contemplan su reubicación en centros penitenciarios de Barranquilla, una ciudad que ha sido golpeada durante años por disputas entre estructuras ilegales, sicariato y extorsión, la misma ciudad que hoy intenta sostener una frágil reducción en algunos indicadores de violencia pero que no le alcanzan sus esfuerzos para erradicar por completo la raíz delictiva que encabezan estos criminales en la región.
El alcalde Alejandro Char convocó una reunión urgente con autoridades del orden nacional, advirtiendo que cualquier traslado de este nivel debe evaluarse con lupa y, sobre todo, con coordinación plena con el Distrito de Barranquilla. Es de recordar que, según investigaciones de la Contraloría General de la Nación, en Colombia hay hacinamiento carcelario que superaría más del 200%, situaciones críticas en cada uno de los puntos penitenciarios de alta, mediana y baja complejidad, sin mencionar a descripción directa los puntos de reacción inmediata: lugares que no tienen garantías ni para los presos que hoy allí se encuentran, y que tampoco cumplen las medidas para altos y riesgosos criminales de la talla de los 3 caínes: ‘Castor’, Digno, y el ‘Negro Ober’ no son figuras de papel, son mentes maquiavélicas que han ensangrentado todo un departamento, enlutado miles de familias del Caribe y han acabado con la infancia y adolescencia de nuestra región: el reclutamiento forzado es uno de los sucesos que más marca el accionar delictivo que hoy sigue pesando en la ciudad.
Al llamado del alcalde Char se sumaron congresistas y transportadores del Atlántico y de la región Caribe, quienes expresaron su rechazo frontal a la medida y alertaron sobre el impacto y retroceso que significa en la seguridad urbana y el titilante sentimiento de tranquilidad de los costeños. El gobernador del Atlántico Eduardo Verano también hizo un llamado directo a la Fiscalía y Defensoría del pueblo, reconociendo que el traslado de estos cabecillas connota una alerta directa al departamento y la seguridad e integridad de los atlanticenses: “Cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la Fuerza Pública, protocolos estrictos de control y un plan específico para impedir que estructuras residuales sigan delinquiendo mientras se realizan los diálogos”, mencionó el Gobernador a través de su cuenta de X.
Más allá del componente operativo, el debate ha tomado un tono político inevitable. Analistas y sectores críticos del Gobierno han puesto sobre la mesa interrogantes sobre el alcance real de la estrategia de “paz urbana”, cuestionando si el traslado de cabecillas de alto perfil responde exclusivamente a criterios penitenciarios, conociendo que Barranquilla no cuenta con cárceles de alto nivel, o si también se inscribe en un tablero político más amplio, donde la criminalidad organizada ha tenido históricamente capacidad de incidencia territorial.
En este contexto, resurgen comparaciones con episodios pasados que aún pesan en la memoria colectiva, como el denominado “pacto de La Picota” durante la campaña presidencial de 2022: la relación del hermano del presidente Petro con presuntas visitas a actores delictivos recluidos en esa cárcel de máxima seguridad en la capital del país. Aunque no existe prueba directa que vincule los traslados actuales con acuerdos políticos, la sola evocación de ese antecedente evidencia el nivel de desconfianza que persiste frente a cualquier decisión que involucre a estructuras criminales y poder político en pleno año electoral con disputa hacia la casa de Nariño.
Desde el Gobierno nacional, la narrativa se mantiene en la línea de una reorganización penitenciaria y de una estrategia orientada a reducir la violencia a través del control institucional de los principales actores armados urbanos. Sin embargo, expertos en seguridad recuerdan que la simple reubicación de cabecillas no desmantela redes criminales y, por el contrario, puede reconfigurar dinámicas delictivas en los territorios receptores si no existe un plan integral de contención; resolver la ecuación no es difícil, cuando al lugar donde son trasladados ha sido su epicentro accionar desde décadas atrás.
Barranquilla, que ha sido durante años escenario de disputas entre bandas por economías ilegales que se adaptan con rapidez, enfrenta así un dilema complejo: aceptar decisiones tomadas desde el nivel central o exigir garantías plenas para que la ciudad no vuelva a convertirse en epicentro de una guerra silenciosa sigue haciendo eco en la realidad de hoy y la memoria colectiva de ayer.
El debate sigue abierto. Lo cierto es que el eventual regreso de estos cabecillas no solo plantea preguntas sobre seguridad, sino también sobre gobernabilidad, confianza institucional y los límites reales de una política de paz que, para muchos, aún no logra despejar todas sus sombras.
