El día de ayer se presentó un atentado contra el Establecimiento Carcelario El Bosque, en la ciudad de Barranquilla, en el que resultaron heridos dos custodios del centro carcelario.
Este grave hecho no es un evento aislado, sino que pone nuevamente en evidencia la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario. Se inscribe en una preocupante y persistente cadena de violencias que ha venido afectando de manera sistemática al personal del INPEC y a sus familias, y que incluye, entre otros, el atentado ocurrido en la ciudad de Neiva, Huila, el pasado 13 de enero, en el que fue asesinado el hijo del director del Establecimiento de Mediana Seguridad, un niño de 11 años, así como la posterior muerte del subdirector de dicho centro de reclusión.
A estos hechos se suman el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados en los últimos meses contra funcionarios del INPEC en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena, que han cobrado la vida e integridad de dragoneantes y servidores administrativos.
La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla, así como con todas las familias de los funcionarios que han sido afectados por esta violencia reiterada. Acompañamos su dolor y reiteramos el llamado a la verdad, la justicia y a la adopción de garantías reales de no repetición.
La persistencia de estos graves hechos evidencia fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario. La Defensoría del Pueblo reitera, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer de manera integral las condiciones de seguridad y protección de quienes laboran en las prisiones y cárceles del país, así como de todo el personal administrativo que cumple funciones esenciales para el Estado y la sociedad en contextos de alto riesgo, expuesto de forma permanente a amenazas, agresiones y retaliaciones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida, integridad y la de sus familias.
La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo de manera reiterada sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para proteger al personal penitenciario nacional y territorial. Los acontecimientos recientes confirman, de manera trágica, la urgencia de avanzar en estas acciones sin más dilaciones. En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado expreso a priorizar, sin más aplazamientos, la formulación e implementación de una política sólida y articulada de protección a la vida e integridad del personal de custodia y administrativo de las cárceles y penitenciarias del país. En particular:
● A las autoridades nacionales y territoriales, a adoptar de forma inmediata medidas reales y suficientes de protección para servidoras y servidores del sistema penitenciario y carcelario y sus núcleos familiares que incluyan la definición de una ruta integral de protección a la vida, y la garantía de acompañamiento psicosocial y jurídico para las familias de funcionarios víctimas de hechos violentos.
Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C.
PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
● Al Gobierno nacional, territorial y las entidades competentes:
o La revisión de las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.
o Reforzar de manera integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.
● A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.
La Defensoría del Pueblo reitera que la humanización del sistema penitenciario y carcelario exige una mirada integral. No es posible hablar de un sistema respetuoso de los derechos humanos si el Estado no garantiza, de manera efectiva, la vida, la integridad y la dignidad de quienes prestan el servicio público penitenciario. La seguridad de los funcionarios y de sus familias es una condición indispensable para avanzar hacia un sistema penitenciario acorde con los principios constitucionales.
