El rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, se refirió en entrevista exclusiva con Extra Noticias al incidente de desacato que se ha mencionado en torno al caso del profesor Álvaro González Aguilar, relacionado con la orden judicial de restituirlo en un cargo similar o superior al que ocupaba en la institución. Castillo explicó que la administración universitaria ha actuado con respeto frente a las decisiones judiciales, pero advirtió que el proceso presenta varias complejidades administrativas y legales que deben ser analizadas antes de tomar una determinación.
Según explicó el rector (e), desde la universidad se ha mantenido comunicación con el juez del caso y se ha entregado información relevante sobre la situación del docente. “Nosotros hemos estado atentos a las decisiones del señor juez y también aportando información valiosa sobre el caso del profesor Álvaro González. Acatamos su fallo y somos respetuosos de las decisiones judiciales”, señaló Castillo.
En ese sentido, el directivo indicó que recientemente envió una comunicación al profesor González en la que le planteó distintos escenarios para dar cumplimiento al fallo. No obstante, explicó que actualmente existen cargos de vicerrectoría ocupados por funcionarios que cuentan con una condición especial de protección laboral. “Hay dos personas que ocupan cargos de vicerrectorías que tienen un estatus de protección: la vicerrectora administrativa, Mary Luz Stevenson, y el vicerrector de Bienestar, Wilson Quimbayo. Esa condición tampoco puedo pasarla por encima”, precisó.
Castillo agregó que el fallo judicial plantea la posibilidad de retornar al docente al cargo que ocupaba o a uno similar o superior, pero señaló que, tras revisar el perfil profesional de González frente a la estructura administrativa vigente de la universidad, se encontraron dificultades. “Estudiado el perfil del señor Álvaro González, encontramos que no se ajusta al perfil que está definido actualmente en la estructura administrativa de la universidad. Para mí sería incómodo tener que violar una normativa interna”, explicó.
El rector encargado también señaló que, por ahora, la universidad está a la espera de una respuesta del profesor González frente a la carta enviada por la administración. “No tengo respuesta todavía. La comunicación fue enviada hace apenas unos días, pero lo cierto es que se inicia este proceso para mirar cómo se puede asimilar la situación a las condiciones que él tiene y a las disposiciones institucionales”, indicó.
Finalmente, Castillo reveló que la universidad solicitó al juez vincular a otras entidades al proceso con el fin de aclarar algunos aspectos determinantes, entre ellos la posible condición de pensionado del docente. “Hemos pedido que se consulte al FOMAG si el doctor Álvaro González tiene o no condición de pensionado, y también que se vincule a la Secretaría de Educación, porque ese es un punto álgido que puede ser central dentro del proceso”, concluyó.
