Bogotá, marzo 04 de 2026. Con una inversión de $2.210 millones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y con el apoyo técnico de Findeter, inició la ejecución de 60 proyectos que hacen parte del Banco de Proyectos Comunales – fase III, los cuales beneficiarán a 39 municipios en 18 departamentos.
El viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, destacó que esta fase del Banco consolida a los organismos comunales como actores centrales del desarrollo territorial.
“Cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada, se fortalece la participación ciudadana como base de nuestra democracia. Estos proyectos permiten que las comunidades tengan incidencia en las decisiones que impactan su entorno y que la inversión pública responda a sus prioridades. Por eso decimos que las Juntas están en el corazón del Gobierno nacional: porque representan la forma más cercana y organizada de participación en los territorios”, afirmó.
El Banco de Proyectos Comunales – fase III es una estrategia que tiene como propósito financiar proyectos presentados por juntas, asociaciones, federaciones y confederaciones de acción comunal, que den solución a las problemáticas locales más urgentes de sus comunidades.
La estrategia cuenta con cinco líneas temáticas de financiación que van desde los $25 millones hasta los $80 millones. Estás líneas temáticas son: mantenimiento, mejora o adecuación de recintos comunales; la reconstrucción de la memoria y cultura comunal; iniciativas en favor de la soberanía alimentaria, el fomento a unidades productivas, mercados y ferias populares; financiación de dotaciones para fortalecer a los organismos en su gestión hacia la comunidad e iniciativas comunales en favor de la mitigación del riesgo de desastres, cambio climático y la conservación ambiental.
“Esta es una iniciativa muy importante para las comunidades y para Findeter como banca de desarrollo aliada de los territorios porque son proyectos que permitirán reactivar la economía local, mejorar infraestructura y el tejido social, promoviendo la democracia participativa y la inversión directa en las regiones”, dijo el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.
Los 60 proyectos se enmarcan en las líneas de financiación de dotaciones (24), mitigación de riesgos ambientales (19), soberanía alimentaria (6), reconstrucción cultural (8) y mantenimiento y mejora de casetas comunales (3)
Entre estos proyectos se encuentra el de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, en el sector de Siberia, en Fúquene (Cundinamarca), que apostó por la dotación de herramientas digitales que le permitan a la comunidad el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías de la información.
“Gracias a la postulación de nuestro proyecto tendremostres computadores, un video beam, dos impresoras y un televisor que le permitirá a la gente, sobre todo a los adultos mayores, familiarizarse con el uso de internet y conectarse con la familia que no vive cerca” señala Yesenia Marqués, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga.
Otra iniciativa es la de la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí en Puerto Asís (Putumayo), en donde la comunidad tomó conciencia de la necesidad de disminuir la degradación y pérdida del recurso hídrico y por ello, plantarán especies nativas como los nacederos y chiparos, para reforestar una zona que por mucho tiempo sirvió para la plantación de cultivos ilícitos.
“Vamos a realizar, además, unos talleres y capacitaciones a la comunidad sobre la importancia de la conservación, la recuperación y el mantenimiento de los humedales y nacederos de agua para el equilibrio de nuestro ecosistema”, señaló Julio Mesa Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí.
Es importante señalar que, durante el proceso de formulación de los proyectos, la participación de la comunidad ha sido fundamental. A través del diálogo, la recopilación de información, la definición de metas y la elaboración de un presupuesto consensuado se ha podido encontrar la mejor solución para dar respuesta a una necesidad puntual.
Estos proyectos se enmarcan en la estrategia de economía popular y solidaria como un instrumento para la ejecución de proyectos formulados por organizaciones comunitarias, cabildos indígenas y otras organizaciones de base. A través de esta modalidad se impulsa la creación de empleo local, se fortalecen las economías regionales y se aprovecha el conocimiento de las comunidades sobre su entrono para que ellas mismas ejecuten sus proyectos a través de convenios solidarios.
