En Barranquilla, la inseguridad suele explicarse con respuestas fáciles: más policías, más patrullajes, más cámaras. Sin embargo, hay un factor estructural que rara vez ocupa el centro del debate público, pese a su impacto directo en la criminalidad: el alumbrado público. La evidencia es clara y contundente. No se trata de percepción, sino de datos. Un estudio desarrollado por universidades estadounidenses encontró que mejorar la iluminación en zonas urbanas puede reducir los delitos nocturnos hasta en un 39%. No es un dato menor, implica que una política de iluminación bien ejecutada puede tener efectos comparables o incluso superiores a estrategias tradicionales de seguridad. En Colombia, la relación entre luz y crimen también ha sido objeto de análisis riguroso. Investigaciones de la Universidad de los Andes evidencian que los cambios en la luminosidad urbana alteran directamente los patrones delictivos, mientras la iluminación puede reducir ciertos delitos en espacios cerrados, su ausencia favorece condiciones óptimas para la comisión de delitos en el espacio público. En términos simples, la oscuridad no es neutral, es funcional al crimen. Y la realidad urbana lo confirma. En Bogotá, más de 5.000 luminarias fueron vandalizadas solo en 2025, lo que ha generado incrementos en delitos en zonas con baja iluminación. La correlación es tan evidente que autoridades locales han advertido que cada punto sin luz se convierte en un punto de riesgo. La oscuridad literalmente se vuelve aliada del delincuente. Barranquilla no es ajena a esta lógica. Sectores con iluminación deficiente no solo incrementan la percepción de inseguridad, sino que producen un efecto más profundo, retraen la vida urbana. Menos personas en la calle implican menos vigilancia natural, menos actividad económica y, en consecuencia, más oportunidades para el delito. Es lo que la criminología denomina teoría de la oportunidad, el crimen no solo depende del delincuente, sino del entorno que lo facilita. Aquí es donde el debate debe elevarse. El alumbrado público no es un lujo ni un asunto estético, es un servicio público esencial con implicaciones directas en derechos fundamentales como la seguridad y la integridad personal. Desde una perspectiva jurídica, su deficiencia puede interpretarse como una falla en la prestación del servicio, lo que compromete la responsabilidad del Estado a nivel municipal. Resulta paradójico que en América Latina, donde la delincuencia cuesta cerca del 3,4% del PIB regional, sigamos subestimando intervenciones urbanas relativamente simples y costo efectivas como la iluminación. La discusión pública continúa centrada en respuestas reactivas, cuando la evidencia sugiere que la prevención bien diseñada es más eficiente. El problema de fondo no es solo técnico, sino político. ¿Dónde se están invirtiendo los recursos de alumbrado? ¿Cuál es la calidad real del servicio en los barrios periféricos? ¿Existe supervisión efectiva sobre los contratos de mantenimiento? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque una ciudad mal iluminada no es simplemente una ciudad descuidada. Es una ciudad que, consciente o inconscientemente, está cediendo espacio al crimen. Barranquilla necesita entender que la seguridad no empieza con un uniforme, sino con un bombillo encendido.
Una Columna de Javier Gutiérrez
