En medio de la controversia generada por un informe publicado por el diario El Tiempo el director de Colombia Compra Eficiente Cristobal Padilla rechazó de manera categórica las cifras que señalan que la entidad habría adjudicado 31 billones de pesos en contratos a organizaciones comunales e indígenas.
Durante una entrevista, el funcionario calificó la información como errónea y cuestionó el manejo periodístico del tema. “Lo primero que voy a titular esa noticia de El Tiempo como una noticia falsa, más falsa que una cachetada de payasos”, afirmó en tono enérgico, al tiempo que explicó que la interpretación de los datos careció de rigor.
Padilla aseguró que la información entregada al medio respondió a un derecho de petición que incluía todos los procesos contractuales realizados entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de marzo de 2026. Sin embargo, sostuvo que el error radicó en no diferenciar entre las distintas modalidades de contratación. “El periodista tenía que diferenciar entre contratos públicos populares y otras modalidades como concursos de méritos, contratación directa, mínima cuantía o licitación pública. Lo que hizo fue un revoltillo, mezcló mangos, peras y manzanas”, explicó.
El director también enfatizó que los llamados contratos públicos populares —a los que hace referencia el informe— solo comenzaron a ejecutarse tras la expedición del Decreto 874 del 8 de julio de 2024, por lo que no sería posible atribuirles cifras desde fechas anteriores. “Si uno tiene rigor, sabe que estos contratos no podían existir desde el inicio del gobierno, porque esa reglamentación entró en vigencia en 2024”, precisó.
Frente a las cifras reales, Padilla indicó que Colombia Compra Eficiente ha suscrito únicamente 97 contratos con asociaciones comunales, todos bajo procesos legales como mínima cuantía, concursos de méritos y licitaciones públicas, desmintiendo así la magnitud económica señalada en el informe.
El pronunciamiento se da en medio del debate sobre la transparencia y ejecución de los recursos públicos, especialmente en contratos con organizaciones territoriales, un tema que ha generado reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
