El ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró una de las transformaciones sociales más profundas del país: la reforma pensional. Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio le cumplió a Colombia, pero sobre todo le cumplió a quienes más lo necesitaban: millones de adultos mayores que han trabajado toda su vida y que hoy merecen enfrentar la vejez con ingresos, garantías y dignidad.
La reforma, contenida en la Ley 2381 de 2024, no es solo un cambio técnico del sistema, es una decisión ética: poner al adulto mayor en el centro. Por eso crea un sistema que protege, que cuida y que reconoce a quienes históricamente han sido olvidados. El pilar solidario es la expresión más clara de ese compromiso, al garantizar una renta básica a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad. Es, en esencia, decirle a cada colombiano que no estará solo en su vejez, que el país no le dará la espalda después de toda una vida de esfuerzo.
Pero también hay un reconocimiento a quienes trabajaron y aportaron sin lograr pensionarse. El pilar semicontributivo les devuelve la esperanza, al permitirles acceder a un ingreso vitalicio que valora cada semana cotizada, cada día de trabajo. Es justicia social hecha política pública: que nadie más llegue a viejo con las manos vacías después de haber construido país.
El sistema también garantiza que quienes hoy cotizan puedan tener una pensión digna. A través del pilar contributivo, se organiza el modelo para que los aportes se traduzcan en una única pensión, más clara, más justa y con tiempos de respuesta definidos. Allí, Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones se complementan, mientras el Estado asume la responsabilidad de proteger el ahorro de los ciudadanos. Porque el mensaje es claro: el dinero de los colombianos es sagrado y está para cuidar su futuro.
Además, quienes puedan hacerlo tendrán la posibilidad de ahorrar más para mejorar su pensión, sin que se alteren las reglas actuales. Y el sistema se sostiene sobre un principio fundamental: la solidaridad. Quienes más tienen, aportan más, para que quienes menos tienen puedan vivir con dignidad. Así, Colombia empieza a construir un país donde envejecer no sea sinónimo de abandono.
Hoy esta reforma espera una decisión de la Corte Constitucional. Pero más allá del debate jurídico, lo que está en juego es el derecho de millones de colombianos a una vejez digna. El Gobierno del Cambio ya cumplió: puso sobre la mesa una reforma que protege, que incluye y que cuida. Ahora el país espera que esa esperanza pueda convertirse en realidad.
