- La medida contribuye al fortalecimiento del empleo formal y a la consolidación de un salario acorde con el costo de vida.
El anuncio del salario mínimo de $2.000.000 para 2026 marca uno de los movimientos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro en materia laboral.
Presentado como la materialización del “salario vital digno”, el incremento del 23,7 % busca enviar un mensaje claro: el crecimiento económico debe sentirse en el bolsillo de los trabajadores.
En esta agenda, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha jugado un papel central como aliado de los trabajadores, al impulsar y lograr la aprobación de la reforma laboral, con la que se devolvieron derechos a miles de colombianos y se fortalecieron las garantías en el empleo.
Durante años, el debate sobre el salario mínimo en Colombia ha estado atrapado entre dos visiones: una que prioriza la competitividad y otra que exige justicia social. El Gobierno ha decidido inclinar la balanza, apostando por cerrar brechas históricas. Pero el problema no es la intención, sino la capacidad del sistema para absorber un aumento de esta magnitud sin efectos secundarios.
Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que no hacer nada también tiene costos: mantener salarios bajos perpetúa desigualdades y limita el dinamismo económico interno. En ese sentido, el aumento no solo es una decisión económica, sino política: redefine el papel del Estado en la distribución del ingreso.
El verdadero reto comienza ahora. Más allá del anuncio, el éxito de la medida dependerá de si logra sostenerse en el tiempo sin afectar el empleo formal ni generar nuevas presiones inflacionarias.
