La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente hasta después de las elecciones al representante a la Cámara y senador electo del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, sigue generando reacciones en medio de una campaña presidencial marcada por la confrontación verbal entre distintos sectores políticos.
La medida disciplinaria se produjo tras unas declaraciones entregadas por Escaf a Blu Radio, en las que aseguró que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella “se comporta como una perra de los Estados Unidos”, expresión que desató una fuerte controversia en el escenario político nacional.
Detrás de la acción jurídica que dio origen al proceso disciplinario está Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien habló en exclusiva con Extranoticias sobre las razones que lo llevaron a presentar la queja ante el Ministerio Público y sobre lo que considera una preocupante degradación del lenguaje político en el país.
Según Bustos, la denuncia no tuvo motivaciones partidistas ni ideológicas, sino que buscó defender principios básicos de respeto y convivencia democrática. A su juicio, quienes ejercen funciones públicas tienen mayores responsabilidades frente a sus expresiones, especialmente cuando participan en debates electorales de alta sensibilidad para el país.
“El respeto debido que nos debemos entre colombianos debe mantenerse independientemente de las diferencias políticas”, sostuvo el veedor, al señalar que las campañas presidenciales deben centrarse en la confrontación de ideas, propuestas y programas de gobierno, y no en descalificaciones personales.
Para Bustos, las palabras utilizadas por Escaf no solo afectaron al candidato mencionado, sino que también enviaron un mensaje equivocado a la ciudadanía en un momento en el que millones de colombianos evalúan las distintas opciones electorales. En ese sentido, consideró que los líderes políticos deben actuar con mayor responsabilidad por el alcance que tienen sus declaraciones en los medios de comunicación.
El presidente de la Red de Veedurías también cuestionó que este tipo de expresiones se hayan vuelto cada vez más frecuentes en el debate público. Aseguró que durante los últimos años se ha normalizado una forma de hacer política basada en los insultos y los ataques personales, dejando en segundo plano la discusión sobre los problemas estructurales del país.
“Debe romperse esa degradación de la política”, afirmó. Según explicó, la democracia necesita discrepancias y oposición, pero estas deben expresarse mediante argumentos y no a través de ofensas que terminan deteriorando la calidad del debate público.
Bustos señaló que el caso podría convertirse en un precedente importante para futuros procesos electorales, al enviar un mensaje sobre los límites que deben respetar los servidores públicos durante las campañas. Recordó que los congresistas, gobernantes y demás funcionarios no son ciudadanos comunes frente a la ley disciplinaria, pues tienen obligaciones especiales derivadas de sus cargos.
En su análisis, la sanción de la Procuraduría puede servir para recordar que la libertad de expresión no exime a los funcionarios de cumplir los principios de respeto, dignidad humana y buen nombre establecidos en la Constitución y en las normas disciplinarias.
El veedor también manifestó su desacuerdo con la referencia hecha por Escaf a Estados Unidos dentro de la polémica declaración. Consideró que, más allá del ataque dirigido al candidato presidencial, la expresión terminó involucrando a un Estado extranjero de manera despectiva, algo que calificó como improcedente dentro de una discusión política.
A pocos días de las elecciones, Bustos hizo un llamado a todos los sectores políticos para que concentren sus esfuerzos en convencer a los ciudadanos mediante propuestas concretas y no mediante ataques personales. En su concepto, el país necesita una discusión más profunda sobre los modelos de gobierno, las soluciones a los problemas sociales y el futuro de Colombia.
“La ciudadanía merece escuchar ideas y no improperios”, concluyó, al insistir en que las nuevas generaciones deben recibir un ejemplo de cultura democrática basado en el respeto, la argumentación y la participación responsable en la vida pública.
