La defensora de derechos humanos e investigadora sobre el conflicto armado cuestionó la respuesta institucional frente al paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y pidió una estrategia que combine seguridad, diálogo y diplomacia.
La situación de orden público que atraviesa Santa Marta y diferentes zonas del Magdalena, tras el anuncio de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la presencia y el control territorial de estructuras criminales en el departamento.
Los hechos se produjeron después del operativo de la Fuerza Pública en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN. Tras su muerte se registraron bloqueos, vehículos incinerados, intimidaciones a comerciantes y restricciones a la movilidad en distintos sectores de Santa Marta y del corredor hacia La Guajira.
En medio de este panorama, el presidente Abelardo De la Espriella se trasladó a Santa Marta para encabezar la respuesta del Gobierno Nacional. El mandatario ordenó reforzar el despliegue de la Fuerza Pública y posteriormente realizó un recorrido por sectores de la ciudad acompañado de uniformados.
Para Norma Vera, defensora de derechos humanos e investigadora sobre el conflicto armado, la situación actual debe entenderse dentro de un proceso mucho más amplio. Según explicó en entrevista, el conflicto en el Magdalena lleva cerca de tres décadas y las respuestas implementadas durante ese periodo no han conseguido desarticular de manera definitiva a las organizaciones criminales.
“La situación de conflicto en el Magdalena ha ido creciendo. Ya son cerca de tres décadas de crimen organizado en esta zona del país, y con ‘soluciones’ que lo único que han logrado es fortalecer estas organizaciones criminales”, afirmó Vera.
La investigadora considera que el paro armado representa, además, una disputa por el control territorial. A su juicio, las acciones de intimidación buscan demostrar la capacidad que conserva la estructura criminal para imponer restricciones sobre la población y ejercer control en determinadas zonas.
“Respecto al estado de sitio que se presenta desde ayer en la ciudad de Santa Marta con los ‘Conquistadores de la Sierra’, es solo la respuesta a una tensión de poder, en la cual ellos desean demostrar la soberanía que sostienen en el territorio a través de la forma en la que lo saben hacer, que es por medio de intimidaciones y sometimientos”, sostuvo.
Las autoridades han reportado afectaciones en el transporte y el comercio, además de ataques contra vehículos y bloqueos en corredores estratégicos. El Gobierno Nacional respondió con un mayor despliegue militar y policial en Santa Marta y otros puntos del Magdalena y La Guajira.
Sin embargo, Vera considera que la respuesta estatal no puede limitarse a los anuncios ni a una reacción militar frente a cada escalada de violencia. En su opinión, la situación requiere una estrategia de largo plazo que incluya conversaciones, acuerdos y diplomacia, especialmente teniendo en cuenta que la población civil termina siendo la principal afectada.
“Más allá de las conversaciones que se han dado desde diferentes orillas, pero principalmente desde la Presidencia de Abelardo De la Espriella, esto es una situación que no se resuelve con discursos pasionales. Esto requiere de conversaciones sentadas, acuerdos y mucha diplomacia, porque quienes quedan en la primera línea de riesgo son los ciudadanos”, manifestó.
La defensora también llamó la atención sobre la importancia de analizar el fenómeno desde el control de las periferias. Según su lectura, la capacidad de las estructuras armadas para afectar la movilidad y la actividad comercial en Santa Marta está relacionada con el dominio que mantienen en determinados territorios y con las redes construidas durante años.
En ese sentido, cuestionó las declaraciones de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien inicialmente sostuvo que no existía un paro armado formal en el departamento y posteriormente pidió evitar el cierre del comercio. Vera considera que esa lectura no refleja la dimensión de lo que ocurre en las calles.
“Para entender también esta situación es el control de las periferias, por eso es que declaraciones como la de la gobernadora Margarita Guerra son desacertadas. En el Magdalena sí existe una situación de violencia real que requiere de un trámite real”, señaló.
Mientras continúa el despliegue de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional mantiene su ofensiva contra las ACSN y ha anunciado que buscará recuperar el control territorial. La situación, sin embargo, mantiene en alerta a comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta, en una crisis que vuelve a poner en discusión las estrategias utilizadas durante décadas para enfrentar el crimen organizado en el Magdalena.
