El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla dejó sin efecto la decisión que restablecía los derechos de la exrectora para volver a dirigir la Universidad Autónoma del Caribe. Contra esta determinación no proceden recursos,.
Un nuevo giro judicial se produjo en el caso de Silvia Beatriz Gette Ponce, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla revocara la decisión que le permitía recuperar la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, cargo del que fue apartada en 2013.
La determinación, conocida este viernes 9 de octubre, revocó el fallo del 8 de abril de 2026, cuando el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ordenó restablecer los derechos de Gette como rectora en propiedad, al considerar que existían presuntas irregularidades en el procedimiento mediante el cual fue reemplazada.
En aquella oportunidad, el despacho judicial cuestionó el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid, al considerar que su designación habría desconocido los estatutos de la institución. El proceso penal relacionado con estos hechos contempla señalamientos por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal contra integrantes del Consejo Directivo que participó en la elección de 2013.
La autonomía universitaria, uno de los argumentos centrales
Al resolver la segunda instancia, el Juzgado Primero Penal de Conocimiento consideró que, aunque existen elementos para reconocer a Gette como presunta víctima de las actuaciones que la apartaron de la rectoría, también debe tenerse en cuenta la autonomía universitaria y los cambios estatutarios adoptados posteriormente por la institución.
Según la decisión, la orden inicial excedía los límites de proporcionalidad al pretender restablecer una estructura administrativa basada en los estatutos vigentes en 2013, sin considerar las modificaciones posteriores realizadas por la universidad en ejercicio de su autonomía.
En consecuencia, el juez revocó tanto la suspensión de los efectos de las actas relacionadas con la designación de Vargas Lamadrid como el restablecimiento de los derechos de Gette para ejercer la rectoría.
Un caso que sigue generando controversia
La disputa judicial tiene como antecedente la salida de Gette de la rectoría en 2013, cuando se encontraba en licencia para atender procesos judiciales. De acuerdo con la Fiscalía, los estatutos de la universidad establecían que el vicerrector debía asumir temporalmente sus funciones, pero el Consejo Directivo terminó designando a Vargas Lamadrid.
Por estos hechos, en noviembre de 2025 la Fiscalía imputó cargos por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado a varios integrantes del Consejo Directivo de la época, incluido Vargas Lamadrid. La imputación no equivale a una condena penal.
Con la nueva determinación, Gette pierde el respaldo judicial que había obtenido en abril para recuperar la rectoría. El caso vuelve a poner en discusión las circunstancias de su salida, la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas en 2013 y el alcance de la autonomía universitaria.
Es importante precisar que esta decisión corresponde al litigio sobre la rectoría. En un proceso laboral distinto, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó el embargo de recursos de la Universidad Autónoma del Caribe para garantizar el pago de $7.586 millones a Gette y sus tres hijos por diferencias pensionales.
