El Gobierno nacional no tiene amarrada “sus manos” frente al tema de las alzas de energía dejando a la comunidad a la merced del capricho de los generadores y distribuidores. Al contrario, hay todo un compendio legal que le permite actuar interviniendo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para frenar tales alzas.
Así lo señalan varios expertos entre ellos el abogado y defensor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, Abzalón Torres.
“Hay instrumentos jurídicos que tiene el presidente de la República para efectos de intervenir la Creg y para resolver esta problemática que asfixia la región Caribe en lo que se refiere a la estructura tarifaria”, dijo Torres.
El experto en Derecho Administrativo señaló que en el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 se establecen cuáles son esos deberes funcionales que son delegados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero igualmente el parágrafo tercero de la Ley 1955 de 2019 que es el Plan de Desarrollo establece esas facultades legales y constitucionales que el presidente de la República puede retomar de los deberes funcionales delegados a la Comisión.
“Lo que hay que explicar es que la mencionada comisión está adscrito al Ministerio de Minas y Energía y este forma parte del gabinete del presidente. Entonces, desde una perspectiva jerárquica, está primero el Presidente, luego viene el Ministro y después la Comisión. Las funciones de control y vigilancia, de administración y de manejo del control de la eficiencia está en cabeza principalmente del Presidente, pero como se trata de un tema de macroeconomía complejo, delega las funciones al Ministerio y este lo delega a la Creg”, señaló el abogado.
Explicó que los deberes funcionales son administración y control de la eficiencia de la energía. Esos deberes se delegan, pero se pueden retomar porque la misma ley lo establece. Entonces desde esas perspectivas jurídicas “hay unas vías formidables para que el Presidente de la República con el Ministro de Minas puedan intervenir en la Comisión”, señaló el experto.
Sobre la composición de las hidroeléctricas, el experto indicó que estas tienen un manejo público, pero hay unas intermediaciones de orden privado con una reventa del servicio. “El 80 por ciento de la producción de energía es hidroeléctrica en el país y el 20 por ciento es térmica y en estas últimas la intermediación es mucho más fuerte del sector privado. “El problema es que los precios de la generación de energía proviene de varios factores: contractual, bolsa de valores y el Índice de Precios al Productor. Este último está establecido por el Dane”, señaló.
