La publicación de un video en el que aparece el expresidente Gustavo Petro junto a Deicy Jiménez volvió a poner en el centro de la controversia las denuncias sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales. Aunque el material audiovisual demostraría que existió un encuentro entre ambos, todavía no acredita un intercambio de beneficios públicos por relaciones íntimas.
El escándalo alrededor del expresidente Gustavo Petro tomó un nuevo rumbo luego de que Deicy Jiménez divulgara, el miércoles 4 de noviembre, un video de 54 segundos en el que aparece junto al exmandatario. En las imágenes se observa parte del rostro de Petro, se escucha su voz y, al finalizar, ambos se besan.
La mujer publicó el material en sus redes sociales asegurando que constituye una prueba de sus señalamientos y reiteró su preocupación por las amenazas que, según ha denunciado, han recibido ella y su familia.
La divulgación se produce en medio de las acusaciones que Jiménez hizo públicas el pasado 25 de octubre, cuando aseguró que durante el gobierno de Petro habría existido una red de mujeres que recibían contratos con entidades estatales a cambio de encuentros íntimos y otros favores personales.
Según su testimonio, entre 30 y 40 mujeres habrían participado en estas dinámicas. El expresidente ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha negado haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.
¿Qué implicaciones podría tener para Petro?
Una de las principales consecuencias es el fortalecimiento de la controversia probatoria dentro de las investigaciones que ya adelantan los organismos de control. El video podría servir para acreditar que existió una relación o un encuentro entre Jiménez y Petro, pero por sí solo no demuestra que hubiera contratación estatal como contraprestación por favores sexuales.
Para establecer si existió alguna irregularidad, las autoridades deberán contrastar el testimonio de la denunciante con los contratos suscritos, las fechas de vinculación, las comunicaciones y la posible intervención de funcionarios públicos.
De acuerdo con registros de contratación estatal citados por medios nacionales, Jiménez habría tenido diez contratos con entidades públicas, entre ellos siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. La investigación deberá establecer si esos vínculos tuvieron alguna relación con los hechos denunciados.
Otro frente corresponde a las eventuales responsabilidades penales y disciplinarias. La Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar las denuncias, mientras que la Procuraduría inició una indagación previa sobre posibles irregularidades en la contratación de mujeres en distintas entidades estatales.
En el caso de Petro, la competencia judicial dependerá de la naturaleza de los hechos y del momento en que presuntamente ocurrieron. Las actuaciones relacionadas con su ejercicio como senador corresponden a la Corte Suprema de Justicia, mientras que las conductas atribuidas a su periodo presidencial tienen un régimen especial de investigación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La respuesta del expresidente
Tras la publicación del video, Petro cuestionó que el material fuera divulgado públicamente y puso en duda su valor como prueba judicial. A través de sus redes sociales sostuvo que todavía no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez.
“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”, manifestó el exmandatario, quien también señaló que el video no muestra contratos, pagos ni decisiones administrativas.
Petro aseguró que no responderá a través de redes sociales sobre asuntos que, según indicó, deben discutirse dentro de los expedientes judiciales. También pidió garantías de protección para Jiménez y las demás personas que intervienen en el proceso.
Un caso que trasciende el video
La controversia también plantea interrogantes sobre el uso de la contratación pública, las posibles relaciones de poder y la protección de las mujeres que denuncian presuntas situaciones de abuso o instrumentalización.
Por ahora, el material audiovisual constituye un nuevo elemento de interés público, pero no resuelve el fondo de las acusaciones. La verificación de los contratos, la autenticidad y el contexto del video, así como los testimonios de las personas involucradas, serán determinantes para establecer si existieron conductas ilegales.
El desenlace dependerá de las investigaciones judiciales y de las pruebas que puedan ser incorporadas y valoradas por las autoridades competentes.
