Los trabajadores de la rama judicial agrupados en Asonal Judicial respaldan el decreto 2422 que expidió el presidente Gustavo Petro mediante el cual se permitirá la excarcelación de los miembros de Primera Línea y los convertirán en gestores de paz.
Así lo indicó José Contreras Barros, vicepresidente de Asonal Atlántico y miembro directivo de la Asonal Nacional, quien afirmó que: “desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro se está hablando de la Paz Total, entendiendo que esta es un derecho fundamental. Estábamos a la expectativa del decreto porque crea una comisión que definirá algunos gestores de paz a fin de darle cuerpo a ese propósito. Nos parece que cualquier intento que se realice en búsqueda de la convivencia social es loable”.
Agregó que: “Constitucionalmente la norma que se expidió ayer, tiene fundamento. Obviamente hay personas que oportunamente se pronunciarán respecto a la legalidad de la misma, pero para el fin que se busca lo vemos viable”.
Señaló que Asonal Judicial no ve mal que haya posiciones que señalen que no es viable jurídicamente, pero eso hace parte del proceso democrático que debe sustentar el debate.
El Gobierno ya emitió el decreto con el que oficializa una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro: la libertad de jóvenes de la Primera Línea capturados en protestas. Ayer lunes se firmó la norma que crea el mecanismo mediante el cual se revisarán los expedientes de algunos de estos jóvenes y otras personas privadas de la libertad que pasarían a ser gestores de paz. El documento fue firmado por los cuatro altos funcionarios encargados de su implementación.
En cuatro páginas, el decreto crea una comisión intersectorial que se encargará de todo el proceso: desde definir los criterios que se deben tener en cuenta para nombrar a alguien gestor de paz, hasta la recomendación de cada uno de los perfiles. También podrán recomendar que una persona en concreto continúe o sea excluido de esta labor. La comisión está conformada por los ministros de Interior, de Justicia, de Defensa y el director del Dapre. La palabra final, sin embargo, la tiene el presidente Gustavo Petro.
El decreto dice que el objeto de esta comisión es “la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″. Se trata del apartado de la Ley de Paz Total que le dio al presidente la facultad de nombrar como gestores de paz a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales o humanitarias que estén privados de la libertad. En ese grupo, precisamente, entran los jóvenes de Primera Línea capturados tras el paro de 2021.
La Ley de Orden Público lo define así: “Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia”.
Además de los tres ministros y el director del Dapre, se sumará al grupo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. El decreto establece que su función será llevar la secretaría técnica. Es decir, todo lo administrativo, como convocar a sesiones, coordinar todas las actividades, levar las actas. Si bien todavía no se conoce cuándo será la primera sesión, la norma dice que los cinco integrantes deberán reunirse al menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cada que alguno de sus miembros lo solicite.
