En un documento público que dieron a conocer los accionistas minoritarios de la Triple A, estos señalan que la empresa se la quitaron a unos privados en complicidad de los entes de control y los gobiernos nacional y distrital y utilizando normas y leyes y agregándoles “triquiñuelas y torcidos y tapando el robo”.
Los socios minoritarios señalan que “hoy utilizan la misma estrategia, pero para vendérsela a otros privados, amigos del Gobierno Central anterior y amigos de la administración actual”.
“Es tan irresponsable este contrato que dejó la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y que ha permitido esta administración que cada 10 por ciento que pagan tiene derecho a un miembro de la junta directiva y hoy 22 de diciembre de 2022 cancelaron el 20 por ciento completando el 50 por ciento entre los accionistas Clase A y sus amigos para apropiarse definitivamente de la empresa”, señalan los accionistas minoritarios en el mencionado documento público.
Indican que este 26 de diciembre la junta directiva de la empresa convocó a una asamblea extraordinaria virtual a las 9 de la mañana para elegir los cinco miembros y poder controlar la administración de la empresa, “la cual pasará a ser la caja menor de la campaña política delos candidatos a la Alcaldía, Gobernación, diputados, concejales y ediles que apadrine la actual administración”.
Hernando Acuña, socio minoritario clase B denunció que estos socios tenían cita con los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, viajaron, pero no los atendieron. “Intentaremos ser escuchados en la asamblea extraordinaria de la empresa. Estamos esperando que la convoquen”, dijo.
Hay que señalar que los funcionarios de la SAE no se presentaron hoy y se aplazó la asamblea extraordinaria de la Triple A. El Gobierno Nacional exige claridad sobre compra de acciones por parte de la Alcaldía de Barranquilla.
En entrevista con la WRadio, el director de Trasparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, pidió al secretario de la Triple A suspender la asamblea extraordinaria citada para hoy. “Hay señales de irregularidades en la reciente venta de las acciones de la empresa”, anotó.
Como se ha dicho, en asamblea extraordinaria de la Triple A, prevista para este lunes, se iban a elegir cinco directivos de la compañía, pero desde el grupo de accionistas minoritarios de la empresa de acueducto y alcantarillado, Triple A, confirmaron que se suspendió la asamblea de la junta directiva porque no hubo quórum para alcanzar el 51% de los accionistas.
De un total de más de 73 millones de acciones, solo hubo representatividad de cerca de 11 millones, que sería un 15% del total de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social, por lo que se cerró la asamblea.
Irregularidades en venta de acciones
En medio de la asamblea, Ángela Ortiz, secretaria general de la Triple A y quien tenía la vocería, señaló: “siendo las 9:16 de la mañana se han conectado 11’751.878 acciones de un total de 73’485.384 acciones”.
“Por tal razón se deja constancia que no se cuenta, siendo las 9:16 de la mañana, con un quórum suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con la normatividad vigente y con los estatutos de la compañía, por lo cual se da por finalizada la asamblea general extraordinaria con los efectos señalados legalmente y estatutariamente”, aseguró en la reunión.
Lo que señalan los minoritarios es que el cierre fue abrupto y no se establecieron fechas para la próxima sesión. Por lo pronto se espera respuesta de la Alcaldía de Barranquilla y su defensa ante esta situación.
Irregularidades en venta de la Triple A
Desde la Dirección de Transparencia del Gobierno, apuntaron a un posible peculado por apropiación en favor de terceros.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno, dialogó con La W sobre las presuntas irregularidades y la polémica en el caso de la venta de acciones de la Triple A.
La venta, anunciada el pasado mes de diciembre de 2021, se pactó por un total de $565 mil millones de pesos, en un acto en el que participó el entonces presidente de la República, Iván Duque.
Pese a que, según registros de los accionistas, el Distrito ha sido el presidente de la junta directiva de la empresa durante los últimos 4 periodos de alcaldías, la venta se anunció como una manera de que “la Triple A volviera a Barranquilla para convertirse en un tesoro”, que además tendría “total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”.
Sobre esto, el secretario de Transparencia del Gobierno afirmó que hubo omisiones en el comité técnico y que a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio legalizaron que un tercero privado se involucrara en la negociación.
“Lo grave no solamente es el valor inferior, estamos hablando de haber embargado las acciones de Inassa. Esto conlleva a un detrimento patrimonial y la continuidad del modelo de privatizar a los barranquilleros de su derecho al agua”, dijo.
Asimismo, les pidió a las autoridades correspondientes investigar “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.
Instó a la Fiscalía y a la Procuraduría “pronunciarse”. Además, pidió a la ciudadanía barranquillera organizarse para defender su derecho al agua.
Aseguró que desde la Alcaldía de Barranquilla “entre marzo y diciembre de 2021, nunca mencionaron que ese contrato no era para ellos, sino para una empresa”.
De igual forma, explicó cuánto perdería Barranquilla con el polémico negocio de la Triple A. “Por lo menos 400.000 millones de pesos. En la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos. La empresa venía funcionando bien, no había razón para desprenderse de esa importante empresa barranquillera”, mencionó.
Detalló que ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque “eso establece una presunta ilegalidad. Al secretario general de la triple A le pido que suspenda la asamblea a las 9:00 de la mañana”.
Insistió de que se estaba vendiendo de manera ilegal acciones de forma directa y no como subasta.
Por otro lado, sobre quién fue el autor de esta polémica venta, respondió que fue el Ministerio de Hacienda del gobierno Duque.
“Es el Ministerio de Hacienda. Fue iniciativa del Gobierno Nacional. En ese momento el de Hacienda era José Manuel Restrepo (del gobierno Duque)”, comentó.
Finalmente, se refirió a si es o no posible echarle reversa al contrato: “lo que establece es la posibilidad de que se cancele. Si cualquier autoridad se pronuncia sobre irregularidades, la Procuraduría tendría la posibilidad de cancelar el contrato”.
